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Editorial

Editorial EL OLFATO
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¿Pasamos del robo en el Imdri (Juegos Nacionales 2015) al saqueo del Ibal en la saliente administración?

El 11 de marzo de este año, a través de un editorial, EL OLFATO le pidió a la Fiscalía seccional Tolima revisar lo que ha ocurrido en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) durante la administración del saliente alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien se le acaba su mandato en 15 días. (Señores de la Fiscalía, por favor, una revisadita al Ibal)

Lamentablemente, como ocurrió en el Imdri en el nefasto gobierno de Luis H. Rodríguez, los organismos de control llegarán tarde, cuando el festín con los dineros públicos habrá terminado.

Jaramillo, quien vende el discurso de la transparencia y la honradez, nombró como gerente del Ibal al cuestionado Alberto Girón, quien venía con sus sombras desde la compra de los millonarios tubos que había adquirido hace 10 años, cuando ocupó ese mismo cargo en el gobierno de Jesús María Botero. (La fortuna del gerente del Ibal, José Alberto Girón Rojas)

Girón se propuso enterrar rápidamente los tubos que permanecieron abandonados casi una década en un lote rural de Ibagué y, con el proyecto del acueducto alterno, han venido ocurriendo cosas sospechosas, adiciones presupuestales cuestionadas y movimientos extraños que han generado dudas en algunos miembros de la Junta Directiva del Ibal.

Estas últimas maniobras -las sonadas adiciones a los contratistas- han estado en manos del investigado Mario Casas, el obediente gerente que Jaramillo escogió para reemplazar al hábil Alberto Girón. (Sindicato del Ibal afirma que Girón endeudó la empresa y dejó en veremos el panorama financiero)

En el contrato 202 de la fase II del Acueducto Complementario, el Ibal ha aprobado tres adiciones y pasó de $27.442 millones a $42.842 millones. (Junta Directiva del Ibal aprobó adicionar en más del 50 % el valor de la fase II del Acueducto Complementario)

Para el abogado Wilson Leal, es cierto que el Ibal se puede saltar la ley 80 -que impide adicionar contratos por encima del 50 %-, pues tiene su propio régimen de contratación, pero lo que sí queda en evidencia es que se habría violado el principio de planeación.

¿Será que esas adiciones estaban pactadas desde antes de adjudicar el contrato, como lo hizo Orlando Arciniegas con los contratistas de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015? ¿Licitan por un valor, pero el afortunado contratista sabe que después cuadran el presupuesto como quieren? 

Sería bueno que la Fiscalía le preguntara al secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, qué opina de esas adiciones que hizo Mario Casas sin el aparente visto bueno de la junta directiva del Ibal. A lo mejor, Espinosa se cura en salud y les cuenta cuáles son sus preocupaciones.  

Y ni qué decir del afán de llenar el Ibal de contratistas con vinculación de 24 meses, presuntamente, sin respaldo financiero, todo con el propósito de aceitar la clientela jaramillista.

Solo nos resta esperar las actuaciones y los resultados de la Fiscalía que, según los tiempos del desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales, llegarán entre uno y cuatro años más tarde.

Posdata: También es necesario revisar más cuidadosamente las actuaciones de la secretaria de Salud del Tolima, Sandra Torres, quien fue la oveja negra de la administración del gobernador Óscar Barreto. EL OLFATO prepara una investigación sobre los contratos de esta controvertida funcionaria, la intocable del Gobierno Departamental.