Empresaria Carolina Barrios anuncia acciones legales contra la Alcaldía de Ibagué

Lo que se esperaba, ocurrió. La Alcaldía de Ibagué tendrá que enfrentar un proceso legal que interpondrá la empresaria Carolina Barrios, tras el anuncio de la secretaria de Cultura, Cristina Prada, de terminar unilateralmente el contrato de $2.964 millones para la presentación de los artistas Carlos Vives y Manuel Turizo, en un concierto que estaba programado para el 28 de junio de este año. (Ver: Se cayó el concierto de Carlos Vives y la Alcaldía admite irregularidades en el contrato)

Barrios, a través de su abogado Ernesto Espinosa, dijo que no responderá el oficio que le envió la secretaria Prada, en el que le comunicó la decisión de terminar unilateralmente el contrato, porque ese procedimiento es “ilegal”. 

“Respetosamente nos permitimos manifestar que en aras de no convalidar las irregularidades en las que incurrió la Administración Municipal y las cuales resaltaremos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, nos abstenemos de pronunciarnos, toda vez, que el procedimiento apócrifo que estableció la señora Secretaria de Cultura del municipio no tiene fundamento legal”, expresó el apoderado de la empresaria.

Según ellos, no tiene ningún sentido ni soporte legal que la Alcaldía de Ibagué envié una carta anunciando su intención de terminar el contrato y le pida a la afectada que, en dos días, diga si le parece o no correcta la decisión. (Ver: Aparece prueba que Jaramillo conocía toda la contratación del concierto de Carlos Vives)

“El Código Contencioso Administrativo y la Ley 80 definen qué hacer en estos casos. Si quieren terminar el contrato unilateralmente, que lo hagan, y así podremos interponer los recursos que nos permite la ley. Pero esto no es con cartas y plazos de dos días para que mi clienta responda si le parece o no”, explicó Espinosa. 

Ahora, el camino de la empresaria Carolina Barrios será una acción administrativa en contra del Municipio de Ibagué, con la que seguramente espera obtener una millonaria indemnización, no solo para recuperar el dinero que ya había invertido en el espectáculo, sino por los daños morales que le causó este escándalo provocado por el contrato irregular que montó la Secretaría de Cultura y la Oficina de Contratación. 

“Hemos tomado la decisión de no pronunciarnos sobre las razones por las cuales la administración decidió unilateralmente terminar el contrato de prestación de servicios, para hacerlo en la etapa procesal respectiva y ante la jurisdicción contencioso administrativa, además, porque cualquiera que fuera la argumentación juiciosa y ponderada que pudiéramos esbozar en nuestra defensa, lo cierto es que la decisión que va a tomar la administración será la que de manera prejuiciosa ha anunciado y por tanto resulta inocuo nuestro pronunciamiento”, insistió el abogado.     

Finalmente, el jurista opinó que la Fiscalía General de la Nación debería analizar en detalle la carta de la secretaria de Cultura, Cristina Prada, porque se trata de una “confesión anticipada de una serie de delitos”, la cual le permitiría obtener “rebaja punitiva” en un eventual proceso penal.