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Aparece prueba que Jaramillo estaba enterado de toda la contratación del concierto de Carlos Vives

Resultó no ser cierto que el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo desconocía las múltiples irregularidades detectadas en la celebración del contrato de $2.964 millones para la realización del concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo en Ibagué. Esta es la prueba. 
Investigación
Autor: Luis Eduardo González
Autor:
Luis Eduardo González
Exclusivo
Aparece prueba que Jaramillo estaba enterado de toda la contratación del concierto de Carlos Vives
Foto: Alcaldía de Ibagué

Resultó no ser cierto que el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se enteró hasta hace un par de semanas de las múltiples irregularidades detectadas en la celebración del contrato de $2.964 millones para la realización del concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo en Ibagué, evento programado para el 28 de junio del presente año. (Ver: Alcaldía busca alternativas jurídicas para echar atrás el contrato del concierto de Carlos Vives)

“Jaramillo supo todo desde febrero o marzo, cuando comenzaron los acercamientos con Carolina Barrios, y ahora viene a decir que él no sabía, que él no aprueba el desembolso del 50 % del contrato. Eso es carreta”, reveló un funcionario de la Alcaldía de Ibagué, quien por obvias razones pidió mantener su nombre bajo reserva.  

La fuente, para probar la validez de su información, aportó un documento que compromete seriamente al mandatario ibaguereño en la estructuración y planificación del contrato que ahora pretenden deshacer, ante la posible configuración de delitos por parte de los funcionarios de la Secretaría de Cultura y la Oficina de Contratación. (Ver documento)

Se trata de un oficio firmado por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, en el que le prometen a la empresaria Carolina Barrios que la Administración la contratará de manera “directa” para la realización del concierto del cantante Carlos Vives.

A Carolina Barrios se le entregó el documento oficial, en el que hábilmente no aparece la fecha ni ninguna numeración, para que procediera a separar la fecha del concierto en la agenda de los cantantes y avanzara en la contratación de la logística del espectáculo gratuito, financiado en su totalidad con recursos de la Alcaldía de Ibagué. 

“… el contrato se celebrará de manera directa con Sociedad CB Eventos y Producciones S.A.S (…) Es por ello que solicitamos a Sociedad CB Eventos y Producciones iniciar gestiones y trámites contractuales con los proveedores y representantes de artistas, con el fin de garantizar la disponibilidad y contratación  de estos, teniendo en cuenta que mediante el presente documento garantizamos que el proceso contractual ya está en marcha y que los tiempos obedecen al cumplimiento de las leyes de contratación pública, encontrándonos en este momento todas las dependencias orquestadas para poder firmar el contrato lo más pronto posible con la empresa contratista”, le dijeron Jaramillo y Espinosa a la empresaria Barrios. 

Además, insisten que la celebración de este contrato tomará algún tiempo y que la finalidad del oficio es permitir que la futura contratista actúe previamente, antes de legalizar su negociación con la Alcaldía de Ibagué.  

“Aclaramos que esto requiere tiempo, por ello expedimos este documento, a fin que la fecha sea garantizada entre la Sociedad CB Eventos y Producciones y todos y cada uno de los proveedores y artistas, para la Alcaldía de Ibagué”, reza el oficio firmado por ambos funcionarios.

También, el alcalde Jaramillo y el secretario Espinosa hablan del pago anticipado del contrato. 

“Solicitamos además que para el pago anticipado del 50 % necesario para garantizar la presencia de artistas y otros proveedores se nos brinde un tiempo prudencial, mientras se terminan los procedimientos contractuales, pues ya está la partida presupuestal requerida que obedece a la cotización adjunta”, concluye el escrito.

La Alcaldía de Ibagué está buscando alternativas jurídicas para echar a trás el contrato, pero el camino no es fácil por las acciones fiscales, disciplinarias y hasta penales que podrían enfrentar los funcionarios implicados.

Por su parte, la contratista Carolina Barrios dijo que ya invirtió cerca de $800 millones y pidió que la Administración Municipal le desembolse el % 50 del contrato, como quedó pactado en el contrato.