Confirmado: Alcaldía estudia vías jurídicas para echar atrás el contrato para el concierto de Carlos Vives

Es preferible echar para atrás el contrato, pagar alguna indemnización económica y evitarse un ‘carcelazo’. Esta es la recomendación que le han entregado al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo sus asesores jurídicos, quienes han estado reunidos desde el pasado jueves, buscando una salida para el problema legal que provocó la contratación de la empresaria Carolina Barrios.

EL OLFATO pudo confirmar, con funcionarios del equipo jurídico del mandatario, que Jaramillo está sorprendido por la cadena de errores que se cometieron en la elaboración de este contrato, aprobado y defendido públicamente por la jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía, Jennifer Aya. (Las presuntas irregularidades del contrato de $2.964 millones para el concierto de Carlos Vives en Ibagué)

El equipo jurídico determinó que el contrato de $2.964 millones, para la presentación de Carlos Vives y Manuel Turizo, violaría abiertamente la ley, y que se equivocaron en la modalidad y en la tipología del mismo. 

“Se equivocaron al escoger la modalidad del contrato. Recurrieron a la contratación directa, cuando tuvo que ser una licitación pública, debido a la pluralidad de oferentes que hay en el mercado. Y se equivocaron en la tipología: contrato de prestación de servicios. La ley 80 no permite la celebración de contratos de prestación de servicios con personas jurídicas, sino con personas naturales”, explicó un integrante del equipo asesor de la Alcaldía.   

Sobre el primer punto, como lo ha denunciado EL OLFATO, la secretaria de Cultura de Ibagué, Cristina Prada, justificó la contratación directa de Carolina Barrios, supuestamente, porque ella era la representante exclusiva de Carlos Vives en Ibagué. 

Esa información es falsa. Así se lo confirmó Claudia Arcay, manager del artista samario, a este medio de comunicación. (Las mentiras del contrato del concierto de Carlos Vives en Ibagué)

Y sobre el segundo caso, el artículo 32 de la Ley 80 o de contratación estatal, define que: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Y, según el contrato 1804, Carolina Barrios firma como representante legal de la Sociedad CB Eventos y Producciones S.A.S., lo cual va en contravía de la ley.   

Todo debe quedar por escrito

Ante el inminente riesgo legal, Jaramillo habría ordenado no hacer ningún desembolso y dejar constancia escrita de todo lo que han discutido internamente sus asesores, seguramente para blindarse jurídicamente y motivar el despido de algunas de las personas involucradas en la celebración de ese polémico contrato.

La decisión que tomará la Alcaldía de Ibagué se daría a conocer en las próximas 24 horas. 

Casualmente, la empresaria Carolina Barrios hizo un recorrido por varios medios radiales de la ciudad para defender su contrato y exigir el desembolso del 50 % de los recursos. (Empresaria de Carlos Vives pide a la Alcaldía que le desembolse 50 % del contrato)