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Las presuntas irregularidades del contrato de $2.964 millones para el concierto de Carlos Vives en Ibagué

Investigación
Autor: Luis Eduardo González
Autor:
Luis Eduardo González

El contrato de $2.964 millones que adjudicó a dedo la Alcaldía de Ibagué a la empresaria Carolina Barrios, para organizar el concierto gratuito de los cantantes Carlos Vives y Manuel Turizo, durante en la edición 47 del Festival Folclórico Colombiano, generará serios problemas penales, disciplinarios y hasta fiscales. (Ver: Adjudican contrato de 2.964 millones para presentar a Carlos Vives en Ibagué) Esa es la conclusión de un análisis que hicieron cuatro abogados expertos en contratación pública, que no se conocen entre sí, y que aceptaron estudiar detalladamente el proceso contractual que está en el ojo del huracán. Tres de ellos prefirieron el anonimato porque temen represalias del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. (Ver: Contrato de Carolina Barrios con la Alcaldía de Ibagué) Además, todos coinciden en que el contrato del show musical de junio de este año guarda similitudes con el cuestionado proceso contractual del Alumbrado Navideño del año 2016, que hoy tiene respondiendo al mandatario ibaguereño ante la justicia colombiana. (Ver: Félix García será testigo en el juicio del alcalde Jaramillo por el Alumbrado Navideño de 2016) Y, para rematar, detrás de ambos casos está la abogada Jennifer Aya, quien primero actuó como asesora jurídica y ahora se desempeña como jefe de la Oficina de Contratación del Municipio.

La primera presunta irregularidad

La primera posible irregularidad es que la Alcaldía de Ibagué evadió la realización de una licitación pública y acudió a la contratación directa, con el argumento de que se trataba de servicios artísticos. (Ver: Estudios previos del contrato) “Se realizó a través de la modalidad de contratación directa, regulada en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. La cual especifica las causales por las cuales (sic) procede la contratación directa, en este caso es la prestación de servicios artísticos”, explicó la abogada Jennifer Aya, jefe de la Oficina de Contratación la Alcaldía de Ibagué. Ese análisis sería equivocado, pues el contrato no se hace directamente con los artistas Carlos Vives ni Manuel Turizo, sino con una empresa que no demostró tener la representación exclusiva de los cantantes. “En Colombia hay muchos empresarios que hubieran podido presentarse a una licitación para hacer un concierto masivo. Es decir, habría pluralidad de oferentes, pero prefirieron adjudicarlo a dedo a la empresa de la contratista Carolina Barrios”, dijo una de las fuentes consultadas por EL OLFATO. Además, con esta misma figura, decidieron incluir en el contrato de $2.964 millones los servicios logísticos y publicidad, cuando debieron montar un proceso independiente para adquirir estos productos. “Se eludió el deber de la licitación pública. De acuerdo con el contenido del contrato y el estudio previo, se puede concluir que se pretendió contratar bajo la modalidad de actividades artísticas, actividades que corresponden al apoyo logístico de eventos como tarimas, sonido, alimentos, refrigerios, servicios de apoyo, manillas y publicidad, entre otros. Y de todos estos existe multiplicidad de actores proponentes en el mercado”, afirmó el abogado Luis Felipe Aranzalez. “La modalidad de contratación directa por servicios artísticos tiene la finalidad de contratar esos servicios artísticos que no pueden ser prestados por otras personas, donde se prepondera el arte -para este caso- el arte del canto de Vives y Turizo. Sin embargo, quieren mezclarle de paso actividades que no son artísticas y que no se deben contratar de forma directa so pena de eludir el deber de licitación pública y encausarse posiblemente en el ilícito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales”, agregó.

Segunda posible inconsistencia

Tal y como ocurrió con el Alumbrado Navideño, el equipo jurídico de la Alcaldía de Ibagué determinó cuantificar el valor del contrato en casi $3.000 millones, en un precio global, sin determinar el costo de cada servicio prestado por la contratista Carolina Barrios. Esa inconsistencia generará dificultades para los supervisores del contrato, pues sin tener claro cuánto cuesta cada servicio, habrá dificultades para la liquidación del mismo. “En el Alumbrado Navideño dijeron que costaba $1.600 millones y terminaron pagando cerca de $1.000 millones, porque no pudieron justificar $400 o 600 millones. Eso demostró que no hubo planeación, lo mismo que podría presentarse en este proceso. ¿Hicieron cuentas alegres?”, se preguntó otro de los abogados. “Falta de planeación por la fijación de precios globales. En materia de contratación pública se exige que los contratos sean pensados, estudiados y justificados. Especialmente que su valor se encuentre explicado de forma detallada pues hoy los contratos a precio global no existen. Esto permite verificar el costo de cada actividad a contratar incluyendo las de orden artístico, las cuales en todo caso no deben ser superiores al mercado, al precio real. En este contrato no se especificó el costo por cada actividad, no se detalló el valor por cada servicio lo que genera una falencia frente al principio de Planeación”, subrayó el jurista Aranzalez.

Tercera aparente anomalía 

Finalmente, los analistas consideraron que se podría configurar el delito de interés indebido en celebración de contratos, al incluírsele al contratista la obligación de contratar la publicidad del evento con unos medios de comunicación específicos, sin que mediaran los estudios de sintonía que regulan el mercado.    “De acuerdo con las obligaciones del contrato, se evidencia que se deben realizar un aproximado de 500 pautas radiales, y enumeran los medios de comunicación que ordena la Alcaldía. Pareciera que este requisito quiebra el principio de objetividad. Si la finalidad es que la ciudad se entere del magno evento, deben escoger los medios que tengan más audiencia radial y virtual. No se comprende el motivo que llevó a la administración a elegir medios de comunicación que no están dentro de los primeros lugares de audiencia, según la ECAR (estudio radial). Podría concluirse que la finalidad varió a una finalidad subjetiva, que no cumple de forma adecuada el fin esperado y por ende podría verse activado el delito de interés indebido en la celebración de contratos”, señaló el abogado Luis Felipe Aranzalez. Pese a todos estos hechos, la secretaria de Cultura de Ibagué, Cristina Prada, minimizó el escándalo diciendo que este evento estará al alcance de todos los ibaguereños, pues se trata de un concierto gratuito, pero financiado con los impuestos que pagan los contribuyentes. “Nuestro propósito es organizar un concierto de gran magnitud para todos los ibaguereños. En este evento no habrá distinciones sociales, porque todos los ciudadanos podrán ingresar de forma gratuita”, resaltó la funcionaria en un comunicado de prensa.