Abogados afirman que Jaramillo podría haber incurrido en contrato sin lleno de los requisitos legales

Pese a que la Alcaldía de Ibagué decidió terminar unilateralmente el contrato por $2.964 millones para la realización del concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo, la aparición de una carta firmada por el mandatario Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que le promete a la empresaria Carolina Barrios que será contratada "de manera directa", no lo eximiría de haber incurrido en una conducta penal y disciplinaria. (Ver: Aparece prueba que Jaramillo conocía toda la contratación del concierto de Carlos Vives)

Así lo advierten algunos abogados como Wilson Leal Echeverry. Él afirma que el alcalde, en esta actuación, podría ser coparticipe de un acto punible; pues, se trata de la celebración de un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. (Ver: La carta en la que Jaramillo le promete el contrato a Carolina Barrios)

"Él mismo muestra que la decisión de contratación directa fue suya y del Secretario de Hacienda”. Para el abogado, este hecho hace que Jaramillo no pueda excusarse diciendo que la actuación fue a sus espaldas.

De acuerdo con Leal, Jaramillo quiso esconder la reponsabilidad sobre este contrato al delegar a la secretaria de Cultura, Cristina Prada. Propósito que no logró.

La abogada María Constanza Aguja, excontratista pública, explica que así el Alcalde quiera delegar la ordenación, él es el directo responsable.Para ella, lo que se puede determinar con el oficio revelado por EL OLFATO es que existía la intención de celebrar el contrato directamente y, aunque se liquidó, no borra el hecho de la celebración de este.

Para el abogado Juan Carlos Guzmán los órganos de control deben entrar a revisar si hubo una eventual situación de peculado. Según Guzmán, esto se pudo dar "al querer favorecer a un contratista que pretendía sacarle provecho a una situación”.

El abogado Luis Felipe Aranzalez está de acuerdo con que las mismas conductas que se le endilguen a secretaria de Cultura son imputables a Jaramillo. Para él, la verdadera discusión es si el Municipio está en la obligación de reparar los perjuicios que alegará la empresaria Carolina Barrios.

Para Aranzales no, pues la ley y el mismo contrato establece que, por ser bilateral, las partes debieron evaluar las condiciones en que se firma.

"Como es un contrato que deviene de conductas ilegales o que afectaron los principios de selección objetiva y de licitación, la contratista las conocía y las aceptó”, concluyó.

Es importante mencionar que en la actualidad en alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo enfrenta un proceso penal por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos penales por el escádalo del Alumbrado Navideño de 2016, un caso muy similar a lo que acaba de ocurrir con el concierto de Carlos Vives.

Ese podría ser un agravante delicado si hay una futura imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues existe una clara reincidencia de su Administración en este tipo de conductas ilegales.