Segundo fallo fiscal que se cae por Juegos Deportivos Nacionales de 2015

La Contraloría General anuló el fallo por el detrimento generado en las obras de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué para los XX Juegos Nacionales de 2015. 

La pérdida de recursos ascendía a $3.017 millones, pero el 26 de marzo de este año fue modificado el valor, por el resarcimiento hecho por la Unión Temporal Murillo Toro. Así se estableció un detrimento por la suma de $2.993 millones. 

Sin embargo, a través del auto 570 del 9 de mayo de este año la Contraloría revoca el fallo debido a que existieron fallas en la valoración y práctica de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal llevado a cabo por el órgano colegiado del Tolima. 

Una de ella está relacionada a que existen dos versiones: la sustentada por la Gerencia de la Contraloría General en el Tolima, en la que se determina que sí hubo un daño a las arcas del Estado, y la otra por parte del contratista con respecto a que no existe detrimento. 

El órgano colegiado concluyó que una de las mayores pérdidas de recursos corresponde a los $2.604 millones pagados en favor de la Unión Temporal y que estaban por encima del costo real de la obra y que se demuestra a través de los subcontratos y órdenes de compra realizados por la Unión Temporal. 

Sin embargo, el contratista, en apelación al fallo, presentó un peritaje realizado por la empresa Experticia Profesional S.A.S y en el que se concluye que no hay detrimento. 

Por esta razón, la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General concluye que ésta debe ser controvertida por la gerencia en el Tolima con personal técnico. 

De esta manera, se remite el expediente a la gerencia del Tolima, que deberá demostrar sí hubo o no detrimento en la ejecución del contrato y que comprometió recursos por valor de $15.496 millones. 

La decisión favorece a las empresas Río Arquitectura hoy Arca Arquitectura S.A, Construsar S.A. y a M&A Proyectos integrantes de la Unión Temporal. De igual manera, al exalcalde Luis H. Rodríguez, al exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel y al exsupervisor del contrato Mauricio Campos del Cairo, presos por el desfalco de los escenarios deportivos. 

Y por último a la constructora A&C, cuyo representante, Jesús Octavio Acosta Sánchez, fue capturado la semana pasada por irregularidades en el contrato de interventoría de las obras de la remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro. 

A revisión 

La Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General también ordenó a la gerencia analizar la conducta de Sandra Yolima Rodríguez Guzmán, quien ejercía como supervisora del convenio suscrito por la Alcaldía de Ibagué en donde delegó la contratación de la obra en el Imdri. 

Según la entidad, primero se le imputó como responsable del detrimento causado y posteriormente fue exonerada sin analizar las funciones que desempeñaba ni practicar pruebas. 

De igual manera llama la atención sobre el porqué no se hizo ningún análisis de la vinculación de Yamile Lozano Guzmán, profesional adscrita a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué y de la directora Financiera del Imdri, Maritza Rozo Riveros, quienes ejercieron como supervisoras del contrato de remodelación del escenario deportivo en 2015. 

Otro fallo que se cae

El OLFATO reveló en noviembre de 2018 la nulidad del fallo en favor de la Unión Temporal Parque Deportivo, al reducirles el presunto detrimento patrimonial de $37.130 millones a $12.111 millones. (Ver: Contraloría General anuló sospechoso fallo de los Juegos Deportivos Nacionales 2015)

Con la nulidad del fallo a la Unión Temporal Murillo Toro son dos las decisiones que se caen por aparentes errores en el procedimiento realizado por la gerencia de la Contraloría General en el Tolima.

El proceso de responsabilidad fiscal en contra del contratista del Estadio inició en marzo de 2017 y tomó más de dos años para ser declarado la nulidad de lo actuado y reiniciar el proceso.