La decisión salomónica que tiene en líos a la Gobernación del Tolima

La forma como se adjudican algunos contratos en el sector público a veces sorprende. Esta vez ocurrió en la Secretaría de Educación del Departamento y tiene que ver con una licitación por casi $1.600 millones para comprar el vestuario y el calzado de docentes y personal administrativo.

En una calificación inicial, se daba por ganador a un proponente, pero al final el dinero quedó repartido en cuatro contratos con diferentes empresas. Por ese motivo ya fue radicada una queja ante el despacho del gobernador Luis Carlos Delgado para que revoque el negocio.
 
Según la denuncia presentada por el abogado Wilson Leal Echeverry, apoderado de la unión temporal Color Moda, los hechos se iniciaron el pasado 5 de octubre. Ese día se conformó el comité evaluador de la licitación para adquirir las dotaciones y de él hacían parte funcionarios del departamento y la única persona ajena era una técnica del área textil del Sena.
 
De acuerdo con la versión del abogado, la calificación daba como ganadora a la unión temporal Color Moda. Esta evaluación “no convenció al ordenador (Secretaría de Educación) por razones que se reservó, a pesar de ser su obligación legal expresarlas”, escribió Leal en su queja.
 
Después de eso, el 20 de octubre, los proponentes expresaron sus observaciones frente al proceso y tres días más tarde desde la Secretaría ordenaron suspender el trámite por tres fechas (26, 27 y 28 de octubre).
 
Durante ese lapso, el 26 de octubre se modificó el comité evaluador del proceso. Quedaron los funcionarios de la Gobernación, pero salió la del Sena y en su reemplazo llegó una ciudadana que no era funcionaria ni contratista. Las razones de este cambio, dice el abogado, aún no se conocen.
 
Ella llegó después de un trámite que cuestiona Leal. Según dejó escrito en su queja, en la Secretaría de Educación le pidieron a la caja de compensación Comfatolima que sugiriera un nombre para integrar el comité de evaluación. Esta caja, de acuerdo con Leal, recomendó a la empresa Sheffy y esta, a su vez, envió a la ciudadana, que de acuerdo con su hoja de vida está vinculada laboralmente a Sheffy desde mayo de 2014.
 
Para el abogado Leal la participación de ella en el comité evaluador es inusual. Él explica que si bien en este tipo de comités pueden participar personas del sector privado, deben hacerlo mediante un contrato.
 
El nuevo comité evaluador modificó las evaluaciones hechas inicialmente y, de acuerdo con Leal, favoreció a una firma distinta a la de su cliente. El contrato se otorgó el pasado 10 de noviembre.
 
En la audiencia de adjudicación se presentaron documentos que podrían dar cuenta de un conflicto de interés de Sheffy como evaluador del proceso. La empresa es reconocida entre los proveedores de ropa, dotaciones y uniformes.
 
Para el abogado Leal, el hecho de tener negocios en el mismo sector textil “puede incidir con su participación en un comité de evaluación en la adjudicación del contrato a favor de un actor del mercado con intereses económicos afines”.
 
Como ejemplo, el abogado detalló en su queja que Sheffy ha competido en al menos dos negocios con proponentes de la licitación en que actuó como evaluador.
 
ELOLFATO.COM consultó sobre lo ocurrido a Miguel Fernando Castillo, gerente de Sheffy. Él dijo que lo habían contactado de la Gobernación para unos diseños. Explicó que envió a una empleada de la empresa y que ella le contó que era para calificar unas muestras. “Le dije que era difícil porque teníamos mucho trabajo. Sin embargo insistieron y se las presté por un ratico porque tenían corto tiempo para eso. Hasta ahí sé. No sé a quién calificaron ni cómo. Es más, no sé a qué proceso se refieren. Solo les hicimos un favor”, explicó Castillo.
 
El secretario de Educación, Melquisedec Acosta, dijo que la evaluación inicial que hizo el comité, con la participación de una funcionaria del Sena, daba como ganador de toda la licitación a un solo proponente.

Según explicó, las otras empresas que participaron en la licitación hicieron observaciones al respecto, entonces se decidió hacer una nueva calificación de sus propuestas. El resultado fue un mayor puntaje para la misma empresa que había ganado inicialmente y que es la que representa el abogado Leal.
 
Acosta dijo que, como no se habían acatado las observaciones de los demás oferentes, llamaron a la persona del Sena para que explicara las razones de su calificación y que ella se negó a responder.
 
El comité que estaba evaluando la licitación decidió, entonces, acudir a un tercero para que resolviera las inquietudes. Con el visto bueno de los abogados de la Gobernación, contactaron a la caja de compensación Comfatolima, que tiene un convenio con la Secretaría de Educación, para que recomendara a alguien que hiciera una valoración técnica. Comfatolima recomendó a Sheffy y ésta, a su empleada.
 
Según Acosta, las nuevas evaluaciones del comité llevaron a repartir la licitación en cuatro contratos con diferentes empresas. Para el Secretario, lo que él consideró que podía ser una decisión salomónica, terminó en una solicitud de revocatoria que espera resolver pronto.