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En esta segunda entrega de la saga titulada “La herencia”, donde analizamos la crisis de salud pública que nos dejó Hurtado y que se perpetuará con Aranda.
La Unidad de Salud de Ibagué atraviesa una de las peores crisis de su historia por cuenta de la negligencia administrativa del exalcalde Andrés Hurtado y de su sucesora, la exsecretaria de Salud.
De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría Municipal, la USI atraviesa una situación financiera crítica que ha dejado como resultado un déficit presupuestal que asciende a los $3.321 millones con corte a diciembre de 2022. (Ver informe: https://www.contraloriaibague.gov.co/informes-de-auditoria/informes-de-auditoria-992543)
De igual forma, en el mismo periodo, la entidad reportó pasivos que superan los $16.924 millones, lo cual representa un incremento del 10,24 % con respecto a la vigencia 2021. Esto indica que, año a año, las pésimas decisiones del “hurtadismo” han ido ahorcando financieramente a la USI.
Como si lo anterior fuera poco, la Contraloría también advierte en su informe sobre diferentes irregularidades administrativas y disciplinarias que, a nuestro juicio, evidencian la pésima gestión de la que ha sido víctima la entidad en los últimos años.
Por ejemplo, no existe un registro de qué hizo la USI con los recursos provenientes del Municipio, lo cual pudo haber derivado en apropiaciones presupuestales inadecuadas. En otras palabras, no se sabe cómo ni en qué se gastaron cerca de $14.036 millones transferidos desde la Alcaldía.
Otro ejemplo del detrimento patrimonial es, sin duda, la USI de Picaleña, una infraestructura que fue entregada en octubre del 2022 y que inauguraron con bombos y platillos, “ la Unidad Intermedia de la Arboleda Campestre” hoy, 15 meses después, sigue sin prestar los servicios para la cual fue construida. A ello se debe sumar que la Contraloría encontró fallas en la red eléctrica y hasta humedades.
Por supuesto, a todo lo anterior se pueden sumar hallazgos relacionados con irregularidades en la facturación y el inventario de la entidad, falta de planeación administrativa, falencias en la publicación de la información contractual, deficiencia en el control interno y hasta negligencias en la solución de peticiones hechas por los usuarios.
Y es que tanto Hurtado como Aranda se encargaron de asfixiar a la entidad, sin importar las consecuencias. Por eso, optaron por contratar el Plan de Intervenciones Colectivas con una IPS privada, en lugar de hacerlo con la USI, como históricamente se había hecho en Ibagué para generar ingresos a nuestra empresa. (Ver: Secretaría de Salud justifica que millonario contrato con IPS indígena es para ver su ejecución)
Tampoco debemos olvidar que la hoy alcaldesa, siendo secretaria de Salud, convirtió a la USI como su fortín político burocrático. Y también uso su posición para favorecer con contratos a su suegra, Alba Ester Ramírez, quien, a su vez, registra como la mayor aportante en la campaña de su nuera. (Ver Esto se gastaron Aranda y Matiz en sus campañas electorales)
En resumidas cuentas, la herencia que le dejó Hurtado a la ciudadanía se manifiesta no solo en la ruina de la USI, sino también en el incremento del 7 % en los casos de suicidio (más de 50 en 2023), así como en el aumento de las tasas de morbilidad materna extrema, VIH, sífilis congénita y gestacional, dengue, entre otras enfermedades. (Ver informe: https://acortar.link/kGhIFb)
Más que nunca podemos afirmar que el continuismo de Aranda representa una grave amenaza para la salud de los ibaguereños. Aunque la alcaldesa ha dedicado sus dos primeras semanas a lavar su imagen en los medios, lo cierto es que su administración es el mejor ejemplo del gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie.
