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La licitación pública, conforme al estatuto de contratación estatal, es el procedimiento mediante el cual se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas para que la entidad contratante seleccione entre ellas la más favorable.
Esta definición evidencia divorcio entre norma y gramática, pues el adverbio comparativo presente en la frase “y seleccione entre ellas la más favorable”, está indicando que la oferta seleccionada ha de ser de mayor favorabilidad que otra, lo cual implicaría la existencia de un numero plural de ofertas para que resulte posible la comparación.
Teniendo en cuenta que la Ley 80 de 1993 establece que para declarar desierta una licitación, únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, es posible que el proceso contractual cuente con un sólo participante, escenario en dónde, o se elige al oferente único o se declara desierta la convocatoria.
Aunque exista la posibilidad que los oferentes únicos hagan una oferta favorable a la entidad y a los fines que ella busca, un proceso de esta naturaleza, sin participación plural, no deja de generar suspicacias y sospechas ante la opinión pública.
En el caso de Ibagué, los procesos licitatorios de la actual administración se han caracterizado por crear duda, desconfianza, reparos y denuncias. Encontramos licitaciones desiertas, presuntamente, por errores procedimentales y de planeación, licitaciones ganadas por únicos oferentes y presuntas conexiones políticas entre actores institucionales y participantes.
El nuevo proceso contractual con oferente único corresponde a la licitación para el mejoramiento de la planta de tratamiento del IBAL S.A. E.S.P. en la Pola, por valor de $1.384 millones, siendo el virtual ganador la unión temporal Plantas de Tratamiento, ente jurídico donde dos de sus miembros tienen procesos pendientes de responsabilidad fiscal ante la Contraloría Departamental del Tolima y uno de ellos hace parte del consorcio que ejecuta la obra del tejódromo en el parque deportivo, cuyo valor es de $5.089 millones. Afortunadas coincidencias. (Ver: Contraloría halla detrimento por más de $300 millones en obras del Acueducto Complementario)
Este caso es precedido por otro, la adjudicación de la obra para la construcción de la pista de BMX de Ibagué, por un valor de $8.253 millones, a un único oferente, que, por cierto, está conformado por personas que fueron asiduos contratistas del exalcalde de Barranquilla y pre candidato presidencial Alejandro Char, a quien meses atrás visitó el alcalde Andrés Hurtado, posando sin ningún tipo de temor orgullosamente para la foto de sus redes sociales.
Sobre este punto las preguntas obligadas son: ¿Por qué no se presentan múltiples oferentes? ¿Qué los aleja de participar de estos millonarios procesos contractuales? ¿Acaso no hay garantías? ¿Son muy “ajustados” los pliegos?
Lo que se evidenció con el proceso de la pista de BMX no es un caso aislado. Previó a ello fue adjudicado contrato, por valor de $8.628 millones, para la construcción del complejo de raquetas el cual quedó, coincidencialmente, también en manos de ilustres excontratistas del Clan costeño.
Quizá por los cuestionamientos a la tendencia del “único participante”, en el gremio ingenieril se comenzó a hablar de “oferentes rellenos”, es decir, personas que se postulaban y que luego eran descalificados por “errores” procedimentales básicos.
Basta traer a la memoria la licitación por $3.132 millones para la remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, dónde uno de los dos oferentes fue descalificado por no presentar correctamente la hoja de vida de su equipo de trabajo. Inocente error. Por cierto, este oferente, sospechosamente descalificado, es uno de los que se quedará con el jugoso contrato de la planta de tratamiento de la Pola.
Algunos medios de comunicación, veedurías y demás expresiones ciudadanas, se han atrevido a elevar públicamente denuncias, con la esperanza que estas presuntas irregularidades, que van desde la información suministrada a los oferentes, inconsistencias en estudios previos, pliegos de condiciones "chaleco", hasta la forma como se eligen los oferentes, sean investigadas a fondo por los entes de control.
Entre tanto, la autodenominada “administración de las obras”, bajo la concepción electoral de que solo el cemento es sinónimo de progreso social, sigue vibrando sin mayor control que el de aquellas voces disonantes, quienes, desde diferentes escenarios, exigimos la mayor pulcritud, honestidad y decencia en los procesos contractuales del gobierno local.
No queremos que, como si fuera un déjà vu, los sueños de los ibaguereños vuelvan a ser nuevamente frustrados por cuenta de actos de corrupción en la contratación.
