Los líos del Director de la cárcel de Picaleña con la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria e interpuso una tutela contra el director del establecimiento carcelario de Picaleña, Robely Alberto Trujillo Ávila, por presuntamente negarse a tramitar las notificaciones enviadas a través de correos electrónicos por los despachos judiciales de la ciudad a la personas privadas de la libertad.

Para el ente de control el Director estaría impidiendo el acceso al servicio público de administración de justicia, al evitar que los reclusos se enteren de las decisiones que los comprometen y así poder ejercer el derecho de contradicción.

En la tutela radicada ante el Centro de Servicios Judiciales de Ibagué, el Ministerio Público solicitó medidas provisionales de urgencia ante la existencia de riesgo inminente de afectación de los derechos fundamentales a estas personas, por la imposibilidad de ser notificadas.

También requirió el amparo de los derechos de los notificadores de la rama Judicial, quienes tendrían que acudir a las instalaciones de la Coiba, a pesar de que el Gobierno Nacional autorizó las notificaciones por medio de correo electrónico, siempre y cuando tengan originen en despachos oficiales.

Por último, la Procuraduría pidió al juez constitucional que ordene al director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Ministerio de Justicia disponer de personal suficiente para dar trámite a las notificaciones electrónicas, en razón a que de forma continua y permanente se están profiriendo decisiones por parte de la judicatura, entre ellas el otorgamiento de libertades.