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Los enredos del estudio de las fotomultas

Investigación
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El contrato que celebró la secretaría de Tránsito de Ibagué con el ingeniero Alejandro Méndez Ramírez para la realización del estudio de las fotomultas es un auténtico ‘collar de perlas’, según el análisis hecho por un grupo de abogados expertos en contratación pública, liderado por la profesional Sandra Magally Leal, quien tiene más de 16 años de experiencia.
 
Lo delicado del asunto es que las aparentes inconsistencias detectadas en este primer informe podrían tumbar el proyecto de acuerdo que generosamente le aprobaron 14 concejales de Ibagué al alcalde Luis H. Rodríguez, para que concesione, durante 20 años, el lucrativo negocio de la operación de las cámaras 'caza' infractores y el contratista se quede con el 60 por ciento del recaudo de los comparendos.
 
Pero más allá de las presuntas irregularidades detectadas por los abogados expertos en contratación pública, encontramos con sorpresa que en el equipo del ingeniero Méndez, el contratista del estudio de las fotomultas, aparece como coordinador del proyecto el ingeniero Carlos Eduardo González, quien fue contratista de la secretaría de Tránsito de Ibagué en el primer año de gobierno de Luis H. Rodríguez, y es un verdadero experto en temas de movilidad y concesiones.
 
El grupo de trabajo del contratista Alejandro Méndez también lo integra el abogado Gustavo Adolfo Patarroyo Cubides, quien es asesor de la alcaldía de Ibagué y de la empresa Ibagué Limpia, la polémica firma creada por el exalcalde Jesús María Botero.
 
Llama igualmente la atención que este asesor jurídico da como referencia personal a la abogada Selene Montoya, esposa del ‘superasesor’ de la alcaldía de Ibagué, Carlos Orlando Pardo Viña.
 
Sin duda, estas relaciones y vínculos contractuales no son más que meras coincidencias en una ciudad pequeña.
 
Pero vamos a las aparentes inconsistencias legales que tendría el proyecto que dio vida legal a la inminente concesión de las fotomultas:
 

1.       ¿Consultoría o contrato de prestación de servicios especializados?

 
En el informe de los estudios previos el documento de la alcaldía de Ibagué dice claramente que el tipo de acto contractual es “contrato de consultoría” pero después cambian el tipo de vinculación y la pasan a “prestación de servicios especializados”, a través de un proceso de mínima cuantía.  (Consultoría) Vs (Prestación de servicios)
 
Para la abogada Sandra Magally Leal, esta podría ser una maniobra para acelerar los tiempos, como evidentemente ocurrió. “Todo contrato de consultoría debe agotar un término mínimo de un mes y el tiempo de publicación en la página de contratación del Estado es de cinco a 10 días”.
 
Pero el proceso del ingeniero Méndez se hizo de un día para otro. El 25 de noviembre de 2013 se hizo la publicación de invitación pública  y se cerró el 26 de noviembre.
 
Sorprendentemente, el día 27 de noviembre, el proponente Alejandro Méndez logró presentar su propuesta, pese a la gran cantidad de requisitos técnicos que requerían en la convocatoria.
 
La entregó a las 10 de la mañana en la oficina de Contratación de la alcaldía de Ibagué y fue la única propuesta, casualmente.
 
Ese mismo día, 27 de noviembre, evaluaron la propuesta que presentó Alejandro Méndez y el 28 de noviembre ya el contrato por 14 millones 940 mil pesos era suyo.
 
Aquí surgen muchas preguntas. Una de ellas es: ¿Cómo logró reunir todos los requisitos técnicos que necesitaba para su propuesta en 24 horas? ¿Tiene alguna relación el coordinador del proyecto que trabaja con Méndez, y quien fue contratista de la secretaría de Tránsito en el año 2012, para tener lista una propuesta de consultoría de un día para otro?
 

Misterioso criterio de selección  

 
Como lo mencionamos anteriormente, el contrato nació como un contrato de una consultoría pero extrañamente la disponibilidad presupuestal salió para un contrato de prestación de servicios especializados, y en este punto se encuentra otra aparente falla.
 
“En un contrato de consultoría no se puede aplicar el criterio de menor cuantía o que se adjudique a la propuesta más económica como ocurrió aquí. La norma dice que en los contratos de consultoría no es determinante el valor de la propuesta más económica, sino los conocimientos y la experiencia del equipo consultor”, explicó la abogada Leal.
 
En el caso del contrato del ingeniero Méndez, admite la alcaldía, el contrato se entregó “exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo”, como si se tratara de la compra de lapiceros o cantidades de cemento.
 
“La figura de menor cuantía, que ejecutaron aquí, les permitía publicar esta invitación solo 24 horas en la página de contratación del Estado”, explica.
 

2.       Experiencia del ingeniero Alejandro Méndez

 
Los requisitos técnicos que exigieron para los integrantes de la consultoría pareciera que estaban calcados para los tres profesionales que integran el grupo de Alejandro Méndez.
 
El director del proyecto podría ser un ingeniero Civil, Transporte y/o Vías, Sistemas o Industrial con especialización en Sistemas de Información y/o Tránsito y/o Proyectos, pero no aclara qué tipo de proyectos, lo que termina favoreciendo al ingeniero Méndez.  
 
Este contratista, como se decía, no tiene ninguna experiencia en temas de movilidad ni sistemas electrónicos o vías para ganarse este contrato.
 
Según su hoja de vida, Alejandro Méndez ha trabajado en temas de acueductos, andenes y vías, pero no en asuntos relacionados al contrato del estudio de las fotomultas.
 
El ingeniero certificó que tiene una especialización en Gestión de Proyectos de la Universidad del Tolima, lo que encaja claramente en los requisitos. Pero la convocatoria exigía algo adicional: el proponente debía demostrar experiencia en la dirección de por lo menos un proyecto de estructuración técnica y/o legal y/o financiera. (Requisitos)
 
Pero Méndez también cumplía con este último punto. Resulta que la firma EXGEN, la misma interventora de Presea, y de la que él era su represente legal en 2012, le certificó que se desempeñó como DIRECTOR DE PROYECTO en un contrato de acueductos comunitarios con la alcaldía de Ibagué en 2012.  (Certificación EXGEN)
 
En el gremio de la ingeniería muchos aseguran que Alejandro Méndez sería el mismo EXGEN. ELOLFATO.COM encontró que la dirección de notificación física de Méndez y EXGEN es la misma. (Cámara de Comercio)
 
Además, en el certificado de la Cámara de Comercio de esta firma aparece el correo personal de Alejandro Méndez para las notificaciones comerciales y judiciales, y él le suministra la misma cuenta electrónica a la DIAN como persona natural. (DIAN)
 
Si en realidad Méndez y EXGEN son la misma persona, entonces: ¿se autocertificó?
 

“No tiene la experiencia”

 
El equipo de abogados expertos en contratación coincide en que el contrato no pudo entregarse porque el proponente no cumplía con la experiencia relacionada al proyecto que se le encomendó.
 
“El señor Méndez certifica experiencia de director de proyecto en un contrato de acueducto y no en temas de movilidad, sistemas o transporte. Osea que si se hubiera presentado un proponente que acredite que fue director de un proyecto de producción de aguacates, ¿se lo adjudican?”, cuestionó la abogada Sandra Magally Leal.
 
Quien sí tenía toda la experiencia, concidencialmente como estaban en los requisitos de la secretaría de Tránsito, era el coordinador del proyecto, el ingeniero Carlos Eduardo González.
 
Él trabajó en la secretaría de Tránsito de Ibagué entre 26 de abril y el 26 de diciembre de 2012, en el primer año de la administración de Luis H. Rodríguez, según lo declara en su hoja de vida. (ver documento)
 
González es un ingeniero de sistemas y siempre ha trabajado en proyectos de tránsito y movilidad en Colombia y Ecuador. Para la época del contrato, dice en la hoja de vida, estaba vinculado a la secretaría de Movilidad de Bogotá en el cargo de “profesional especializado en semaforización”.
 
Advierten nuestros abogados que no entienden por qué el ingeniero González asegura ser profesional especializado de la secretaría de Movilidad de Bogotá y, aun así, participó en otro contrato con el Estado.
 
“Decir que es profesional especializado es distinto a informar que es contratista. Aquí queda la duda: ¿era empleado público o contratista de Bogotá?”, se preguntan los expertos en contratación.
 

3.       Extrañas cotizaciones

 
¿Cómo hizo la secretaría de Tránsito de Ibagué para decir que el contrato del estudio de las fotomultas costaba 15 millones de pesos?
 
Pues encontramos que en el mes de julio de 2013, dos misteriosos oferentes presentaron igual número de propuestas para la elaboración de dicho estudio.
 
Cada propuesta iba en dos hojas sin ningún membrete, sin ningún teléfono, dirección de contacto o documento de identificación de los supuestos interesados.
 
Pero más allá de eso, las propuestas están textualmente redactadas en el contenido de la propuesta. Tienen las mismas palabras, los mismos destacados en paréntesis, el mismo valor, el mismo plazo de ejecución y, hasta en el segundo punto, cada ítem es marcado por círculos iguales. (propuesta 1 parte a)  (propuesta 1 parte b (propuesta 2 parte a) (propuesta 2 parte b)
 
Las únicas diferencias son: la fecha, la referencia, el saludo y la despedida. 
 
Hay que decir que este estudio, que fue el soporte legal para que el Concejo autorizara al alcalde Luis H. Rodríguez, tiene una juiciosa elaboración porque proyectó escenarios financieros, proporcionó soportes jurídicos y hasta definió asuntos técnicos para la ubicación de las cámaras de las fotomultas. Todo ese juicioso documento justificó una concesión hasta por 20 años.
      

4.       ¿Cuándo terminaron el estudio?

 
Los documentos oficiales no permiten establecer, a ciencia cierta, cuándo entregaron el juicioso estudio que convenció a los honorables 14 concejales (cinco se opusieron) que autorizaron la concesión del proyecto de las fotomultas.
 
El contrato de prestación de servicios (Sic) número 2398 se suscribió el 12 de diciembre de 2013 y el plazo de ejecución era de un mes, pese a que en el supuesto estudio de mercado las dos cotizaciones decían que se tardaban 90 días.
 
Pues bien, el documento que presentó la secretaria de Tránsito de Ibagué, Martha Pilonieta, al Concejo dice que el estudio es de febrero de este año.
 
Sin embargo, el acta de finalización del contrato dice que el ingeniero Alejandro Méndez entregó el informe final en original y dos copias el 30 de diciembre.
 
Después, el 6 de mayo de 2014, el supervisor del contrato Miguel Saavedra firma una certificación en la que dice que el contrato se ejecutó entre el 16 de diciembre de 2013 y el 15 de enero de 2014, y se expide para que le paguen el contrato al ingeniero Méndez.

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