Acusaron a administradora de reconocido gimnasio en Ibagué por actos de racismo

Marcela Palencia Rodríguez, quien en el año 2018 fungía como administradora de un reconocido gimnasio en Ibagué, fue acusada por la Fiscalía General de la Nación y señalada del delito de actos de discriminación. 

Los hechos por los que la procesan ocurrieron ese año en el Spinning Center Gym, ubicado en el Centro Comercial Acqua. 

Según el denunciante, él se encontraba realizando sus ejercicios con un grupo de personas cuando la mujer se le acercó en una actitud despectiva y le advirtió que no podía entrenar con nadie, y que se le iba a iniciar un proceso por faltar al reglamento. 

Al parecer, la hostilidad y la actitud despreciativa de la administradora se hizo cada vez más evidente con el paso del tiempo.

El afectado no pudo disfrutar del derecho de compartir e integrarse con los otros usuarios pues, al parecer, infringía una supuesta ‘norma y reglamento’ del establecimiento, que aparentemente sólo se aplicaba para la víctima en cuestión.

Se tiene documentado que en varias ocasiones, y frente a los demás compañeros, recibió comentarios de índole racista, tales como: “ey negro usted no puede…”, en un tono hostil y despreciativo, situación que lo llevó a buscar otros horarios para evitar cualquier contacto con ella.

El 4 de julio, como parte de la persecución, la mujer le indicó que en el reglamento del lugar había una causal de prohibición de asesoramiento deportivo personalizado, con o sin retribución económica, situación que le fue informada mediante comunicación escrita en la que le anunciaban, además, que le habían suspendido el plan. Esto no fue aceptado por él.

El afectado elevó un derecho de petición solicitando se le expidiera copia magnética de los videos de las cámaras de seguridad, como la relación detallada de las personas que ella decía había entrenado, y de todas las supuestas evidencias que tenía con respecto a estos señalamientos.

Fue así como, el 24 de julio de 2018, le respondieron reiterándole la causal consignada en el contrato de prestación de servicios, donde le decían que el afiliado no podía comercializar ningún tipo de producto o servicio con otros afiliados o empleados. Información que no concordaba con lo que le habían comunicado el 4 de julio.

Además, le negaron la entrega de los videos con el argumento de que la cámara no tenía espacio para almacenar.

Para la Fiscalía, esta respuesta buscaba encubrir la persecución racial de la que venía siendo objeto en forma sistemática por parte de la señalada, quien lo vetó, al parecer, por su color de piel.

La próxima audiencia será de preparatoria de juicio.