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A la cárcel fueron enviados los presuntos miembros de una red de trata de venezolanas

Las víctimas, dentro de las cuales hay una menor de edad, eran engañadas y obligadas a prostituirse hasta que pagaban todos sus gastos de transporte y sostenimiento en el país.
Justicia
Autor: Redacción Justicia
Autor:
Redacción Justicia
Foto: Fiscalía

En acciones conjuntas servidores de la Fiscalía General de la Nación e integrantes de la Sijín de la Policía Nacional asestaron un duro golpe a la organización criminal ‘Dignidad’, dedicada a captar mujeres para fines delincuenciales relacionados con delitos contra la integridad y la libertad sexual.

Entre las víctimas de esta red criminal se lograron identificar varias mujeres, en su mayoría de nacionalidad venezolana, y una menor de edad, quienes estaban en estado de vulnerabilidad.

Según se logró determinar estas personas eran contactadas para trabajar, supuestamente, como meseras; pero al llegar a Neiva eran llevadas a dos establecimientos comerciales donde eran obligadas a prestar servicios sexuales a distintos hombres. Las víctimas eran obligadas a laborar hasta que pagaran los gastos de su transporte hasta la capital del Huila, lo mismo que su sostenimiento en el país.

Los delitos por los cuales fueron imputadas las siete personas capturadas, y privadas de la libertad son: trata de personas, explotación de la prostitución ajena agravado, en concurso homogéneo sucesivo; concierto para delinquir agravado, secuestro simple y acceso carnal violento en concurso homogéneo sucesivo.

Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad en los hechos investigados.

Los afectados con aseguramiento intramuros son: Luis Anderson González Quiroga, Larry Johan Delgado, Blaneskis del Amor Villasmil Taborda y Édgar Enrique Velásquez García. Los demás procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria: Laura Daniela Aponte Vásquez, Yessica Carreño Vásquez y Katherine Fuentes Rueda.

Los hechos que motivaron las indagaciones fueron denunciados en 2019 ante la Fiscalía General de la Nación por Migración Colombia, sede Neiva.

Los delitos de los que fueron víctimas estas personas habrían ocurrido entre el segundo semestre de 2018 y la actualidad.

Modus operandi

Según se logró determinar, Luis Anderson, sería el dueño de los establecimientos comerciales a los que eran llevadas las mujeres; y su esposa, Laura, sería quien fungía como administradora.

Yessica, Katherine y Blaneskis serían las encargadas de darles a conocer a las víctimas las condiciones en las que debían trabajar, además de explicarles que debían sostener relaciones sexuales con clientes a quienes les cobrarían sumas de entre $35.000 y $50.000 por lo que se conoce como ‘el rato’.

También debían beber licor con los visitantes haciendo que incurrieran en gastos mayores, por esto ganarían una pequeña comisión.

Ante la situación de vulnerabilidad y sin dinero, las víctimas se veían obligadas a cumplir con las exigencias de sus captores, mientras completaban el pago mínimo por sus gastos, de la misma manera, algo de dinero era enviado a sus familias.

Labores investigativas permitieron establecer que a varias de estas mujeres las mantuvieron encerradas prostituyéndose, y en caso de negarse a cumplir las labores o enfermedad, o porque los hombres se fueran sin pagar, les eran impuestas multas de hasta $50.000. Suma que les era cobrada por empezar a trabajar tarde o si demoraban más del tiempo ordenado con el cliente, o si querían salir a la calle.

Larry y Édgar Enrique eran quienes acompañaban a González Quiroga a captar las mujeres a quienes ingresaban a territorio nacional en buses; en otras oportunidades las recogían en el terminal de transportes de Neiva. Estos hombres eran además quienes se encargaban de la seguridad en los lugares, lo mismo que de las víctimas.

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