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Procuraduría le exige cuentas a la alcaldesa de Ibagué por su silencio frente al puente de la calle 60

La entidad les pidió cuentas a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y a la secretaria de Infraestructura, Ginna Paola Reinoso.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué
Procuraduría investiga presuntos malos manejos con el anticipo del puente elevado de la 60
Foto: Alcaldía de Ibagué

La Procuraduría General de la Nación le dio un ultimátum a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, para que tome decisiones frente al futuro de la obra del puente elevado de la carrera Quinta con calle 60, revise qué pasó con los cerca de $3.000 millones que se le entregó como anticipo al polémico contratista Olaguer Agudelo Prieto y active las pólizas por el evidente incumplimiento en la ejecución del proyecto. (Ver: Así desviaron $1.600 millones del puente de la 60 a familiares de Olaguer Agudelo)

El ente de control obtuvo los informes de interventoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, en los cuales se señala que “(…) La interventoría ha solicitado a la entidad adelantar proceso sancionatorio por incumplimientos reiterados a las obligaciones por parte del contratista Consorcio Puente Carrera 5”, pero, después de tres meses de su mandato, la señora Aranda no ha hecho nada.

“Los posibles incumplimientos estarían relacionados con el avance en la ejecución de la obra y el manejo del anticipo desembolsado, sino también con las obligaciones que tiene la administración con el sistema de seguridad social integral, las normas de seguridad y salud en el trabajo y las prestaciones laborales, y las demoras reportadas en los pagos y en el suministro de la información y documentación requerida, entre otros temas”, expuso la Procuraduría en una misiva enviada a la mandataria.

Además, pidió al alcaldesa Aranda informar cuáles son las medidas implementadas para garantizar el cumplimiento del contrato y, si se ha surtido algún proceso para aplicar las cláusulas excepcionales y/o la imposición de multas o sanciones, así como la cláusula penal.

“Las funcionarias (Johana Aranda y Ginna Paola Reinoso, secretaria de Infraestructura) deberán indicar cuántos requerimientos ha efectuado la entidad territorial al contratista, si se ha reclamado ante la compañía aseguradora por los riesgos de cumplimiento, y buen manejo y correcta inversión del anticipo desembolsado por $ 2.950’442.020,75, del total previsto por un valor aproximado de $ 12.000 millones, entre otros aspectos”, subrayó el ente de control.

Por último, el Ministerio Público les advirtió que deben responder “con urgencia” el oficio enviado por la Procuraduría Provincial de Ibagué.

La alcaldesa Johana Aranda, quien recientemente recibió un premio internacional por su gestión, ha evitado responderles a los medios de comunicación los cuestionamientos por sus presuntas omisiones.

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