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Los líos en un condominio de Piedra Pintada por una caseta de portería

Una de las familias involucradas es la de Héctor Gordillo, el vecino inconforme que promovió el cierre temporal del Mercacentro de la calle 37 con carrera Quinta hace dos años.
Ibagué
Autor: Natalia Cubides
Autor:
Natalia Cubides
Foto: EL OLFATO

Un espacio de 12 metros cuadrados tiene en líos a los copropietarios de la Unidad Residencial Piedra Pintada de Ibagué. 

Resulta que, de acuerdo con el presidente de la junta del Condominio, Marino Valencia, una familia se apropió indebidamente de la caseta de portería, que hace parte de las áreas comunes del lugar. 

Lo anterior, según el ciudadano, aduciendo que ese espacio les pertenece pues colinda con su casa. 

"Ellos manifiestan que en las escrituras su vivienda aparece con un área de 141 metros cuadrados, incluyendo los 12 m2 que mide la caseta. Por ello, dicen que eso es de ellos", explicó Valencia. 

Sin embargo, dijo, los impuestos que pagan son solo por una propiedad de área de 129 m2. 

"Ellos solicitaron al Igac que fueran descontados esos 12 m2, teniendo en cuenta que la caseta no es de ellos. Para una cosa sí es de ellos, pero para otras no", cuestionó. 

En ese sentido, relató que en diciembre del 2019, la señora Ana Tulia Gordillo y su familia, de la que hace parte Héctor Gordillo, quien ha protagonizado varias polémicas en la ciudad, decidió destruir la caseta y apropiarse de algunos elementos que en ella se encontraban. (Ver: Vecino hizo cerrar supermercado Mercacentro de la calle 37)

"Tumbaron desde su casa hacia afuera y soldaron la puerta, se apropiaron de la correspondencia, de las cámaras, del archivo, de la pantalla, y de hasta los elementos navideños que estaban allí. Todo eso para remodelar su casa", contó Valencia. 

De hecho, de ese momento se conoció una grabación en la que Héctor Gordillo agrede e insulta a una persona que lo graba. (Ver: Las fotografías del alcalde Jaramillo con el vecino inconforme que provocó cierre de Mercacentro de la 37)

Esa situación generó molestia entre los otros copropietarios del condominio. No obstante, la señora Ana Tulia interpuso una querella en contra de quien fungía como administrador de la Unidad Residencial en ese momento, argumentando que esa persona era perturbadora de la posesión del espacio de la caseta. 

Dicha queja fue atendida por la Inspectora Cuarta de Policía, Carolina Duarte, quien según el señor Marino no ha actuado de forma correcta en este lío. 

"Ella toma la decisión de abstenerse de intervenir en el tema porque dice que es un problema de propiedad, pese a las pruebas que se le presentaron. Solo tomó dos pruebas: la declaración de la señora Ana Tulia y una visita que hizo un funcionario de planeación", sostuvo.

En virtud de esto, los copropietarios decidieron interponer un recurso para que el caso fuera revisado en una segunda instancia ante la Secretaría de Gobierno Municipal, buscando que dicha familia devolviera ese espacio. 

"Después de cinco meses, la dependencia falla en segunda instancia, que es la última en los procesos de querella, y determina que la señora Ana Tulia Gordillo es la perturbadora de la posesión", indicó. 

"Además, se da un plazo de cinco días para devolver los elementos y el espacio como se encontraban hasta antes de la perturbación", añadió. 

Sin embargo, de acuerdo con él, la Inspectora hizo caso omiso a la decisión emitida el 5 de noviembre de 2020 y hasta después de 20 días notificó a las partes del proceso.

"La inspectora tenía que hacer cumplir esa resolución. Ella no quiso hacerlo sino que de forma arbitraria, abusando de la autoridad, notificó hasta el 10 de diciembre a los involucrados", aseguró. 

Luego de eso, la funcionaria programó una audiencia para el pasado 17 de enero, día en el que se firmó un acta de compromiso en la que la señora Ana Tulia quedó de entregar la caseta este miércoles 24 de febrero. 

Pero no fue así. "Ellos interpusieron una acción de tutela para que se tumbara la resolución de la Secretaría de Gobierno, aduciendo que les están violando la vivienda digna y que se les respete el debido proceso. Esa tutela fue declarada improcedente", señaló. 

No obstante, esa decisión fue impugnada por la familia y, debido a eso, hoy (miércoles) no cumplieron con lo que habían acordado. Todo, según Valencia, con el beneplácito de la Inspectora Duarte. 

"El juzgado en ningún momento determina medidas cautelares. En el fallo de primera instancia no se dice que quede suspendido el cumplimiento de la resolución. Por lo tanto, la Inspección de Policía estaba obligada a hacer cumplir esa decisión administrativa que tomó su superior funcional", afirmó. 

"La inspección está tomando del pelo las decisiones de su superior funcional, que es la Secretaría de Gobierno", agregó. 

Entre tanto, cuestionó que "los perturbadores tienen a favor de ellos a sus abogados y a la inspectora. Los perjudicados no tenemos protección de la justicia". 

Finalmente, reprochó que supuestamente la Inspectora Cuarta esté legitimando las vías de hecho y siendo negligente ante esta situación. 

"Qué es lo que pasa en este país con los niveles más bajos de administración de justicia, cuando un funcionario como un inspector de policía hace lo que quiere. Esta señora parece más la abogada del perturbador, que una funcionaria que quiere resolver un problema", concluyó.

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