Condena fiscal contra exrector de la Universidad del Tolima y otros tres exfuncionarios

La gerencia de la Contraloría General emitió un fallo con responsabilidad fiscal en contra del exrector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñoz Ñungo, por la suma de $311.701.778.

La decisión vincula al exvicerrector académico, David Benítez Mojica; al exasesor jurídico, Alfonso Andrés Covaleda Salas; y al docente y coordinador de doctorados de Ciencias Biológicas, Francisco Antonio Villa Navarro.

La condena fiscal se dio por no efectuar las acciones de cobro en contra del docente Álvaro Vejarano Orjuela para que reintegrara los dineros que fueron asignados en el marco de la comisión de estudios.

La alma máter, mediante un acuerdo en el 2009, autorizó a Vejarano Orjuela la comisión de estudios para realizar su formación doctoral y que terminaría en enero de 2012.

Sin embargo, el docente solicitó dos prórrogas: la primera, en julio de 2012 y la segunda, para ese mismo mes de 2013, sin que allegara el título de doctor en Salud Animal o Producción Animal de la Universidad Nacional de Colombia.

Para la Contraloría, desde esa fecha hasta julio de 2016 transcurrió el término para que la institución pudiera declarar el incumplimiento en contra del maestro a fin de que reintegrara los recursos.

La universidad financió la matrícula, libros, sostenimiento y pagó los salarios a Vejarano Orjuela durante los tres años en que cursó los estudios de doctorado. En total giró $280.332.564 que actualizado a valor presente originó el daño patrimonial descrito.

Para el órgano de control fiscal, Muñoz Ñungo no impartió las directrices para iniciar la acción y hacer efectivo el pagaré suscrito por el docente como garantía ante cualquier eventualidad. Asimismo, calificó la conducta a título de culpa grave.

En cuanto al exjefe jurídico, Alfonso Andrés Covaleda Salas, se estableció que no actuó con diligencia, pues tenía la obligación de buscar y asegurar en favor de la alma máter la recuperación de los dineros, a través de las acciones jurídicas que impartía el cargo. Y se advirtió que incumplió con los principios de economía y eficiencia.

Por otra parte, en cuanto a Villa Navarro, se estableció que, como Vicerrector para la época de los hechos, tenía dentro de sus funciones coordinar y vigilar las comisiones de estudio de los docentes, y aunque adelantó algunas acciones administrativas “no fueron las idóneas y efectivas” para resarcir el dinero invertido.

Las excusas del docente

Álvaro Vejarano Orjuela dijo a la Contraloría que no ha entregado el título por inconvenientes con el trabajo doctoral, pues uno de los jurados tardó ocho meses en entregar su concepto.

De igual manera, que durante el trabajo de investigación se dañaron los ecógrafos y que entre 2013 y 2014 hubo fallas en el fluido eléctrico del laboratorio de ecofisiología de la universidad, lo que generó la pérdida de muestras recolectadas.

Posteriormente, le hurtaron el computador donde almacenaba información de la tesis. Y, para la época fallecieron sus padres lo que “redujo su capacidad de trabajo”.

También, argumentó que se acoge al acuerdo 017 de 2017 por medio del cual el Consejo Superior prorrogó por dos años la entrega de títulos a aquellos profesores que no han podido allegarlo.

Sin embargo, para la Contraloría el término transitorio otorgado en 2017 por el Consejo Superior, no implica el cese de la acción fiscal.

Además, según concepto jurídico emitido el 31 de noviembre de 2016 por la Universidad del Tolima se estableció que no era viable otorgar más plazos y prórrogas a los docentes para la obtención del título doctoral.