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Fiscalía solicitará medida de aseguramiento e imputará cargos contra el Alcalde de San Antonio, su Secretario de Gobierno y dos contratistas más

Estas personas serán acusadas por múltiples delitos, entre ellos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y fraude procesal.
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Autor: Redacción Región
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Foto: Tomada de Internet

La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará medida de aseguramiento e imputará cargos contra el alcalde de San Antonio, Jorge Iván Vásquez Martínez; el secretario de Gobierno de esa localidad, Luis Enrique Polo Álvarez, y los contratistas Carlos Fernando Tovar Perea y Edward Fernando Hernández Oliveros.

Estas personas serán acusadas por múltiples delitos, entre ellos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y fraude procesal.

De acuerdo con el ente acusador, el alcalde Vásquez Martínez, suscribió el contrato 096 de 25 de marzo de 2020 para la compra de productos de aseo en los que hay indicios de supuestas inconsistencias en los estudios previos, cotizaciones falsas y sobrecostos, entre otras presuntas violaciones a los principios de contratación estatal.

Fiscalía ratificó suspensión del Alcalde de Palocabildo

Entre tanto, la Fiscalía ratificó la captura y suspensión provisional del Alcalde de Palocabildo, Nelson Gómez Velásquez y su secretario de Gobierno, José Manuel Troncoso. (VER: Capturan al Alcalde de Palocabildo por contrato irregular celebrado para atender la emergencia del COVID-19)

El ente acusador identificó una presunta fundación de papel, conformada por un grupo específico de personas que reside en Mariquita, que se habría quedado con la contratación relacionada con la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria en Palocabildo y Guaduas.

Seis personas, entre ellas los alcaldes municipales de las dos poblaciones, serán imputadas por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin el lleno de requisitos legales.

De acuerdo con la investigación, el contrato se celebró tiempo después de haberse ejecutado las obligaciones del mismo. Es decir: pretendieron legalizar hechos cumplidos, situación que fue alertada por la entonces secretaria de Salud de Palocabildo, Victoria Suárez.  

Al notar estas inconsistencias, la señora Suárez decidió no firmar la documentación necesaria para solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal y, posteriormente, fue despedida del cargo. 

La Fiscalía encontró que el contrato fue suscrito el primero de abril del presente año, y no el 21 del mismo mes, como lo aseguró el alcalde Gómez y como apareció registrado en el portal de contratación del Estado (Secop).

El caso fue denunciado ante la Procuraduría Provincial de Honda y el expediente también fue remitido a la Fiscalía General de la Nación. 

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