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Fiscalía deberá indemnizar al hombre al que acusó injustamente de promover un paro armado en Icononzo

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagarle más de $395 millones a un hombre, como reparación por haberlo acusado injustamente de promover un paro armado en una vereda de Icononzo a nombre de la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Justicia
Autor: Redacción Justicia
Autor:
Redacción Justicia
Foto: EL OLFATO

El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle más de $395 millones a un hombre y a su familia, como reparación por haberlo acusado injustamente de promover un paro armado en una vereda de Icononzo a nombre de la desmovilizada guerrilla de las FARC.

El demandante fue capturado el 2 de octubre del 2007, luego de que informes de inteligencia recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) incluyeran declaraciones de dos personas que lo señalaban de hostigar a la población de la vereda El Mesón, jurisdicción de Icononzo, para que participara en un paro armado que supuestamente adelantarían las Farc en el Boquerón en enero del 2002.

Según los relatos, de no apoyar la ofensiva, debían pagar $ 50.000 a los insurgentes o abandonar la región.

Sin embargo, luego de ser acusado de los delitos de extorsión y rebelión, el accionante recuperó su libertad, gracias a que el Juzgado Primero Penal de Ibagué lo declaró inocente de los cargos el 3 de septiembre del 2008.  Para este operador judicial, las acusaciones se basaban en indicios poco sólidos sobre la pertenencia o afinidad del procesado para con el grupo insurgente.

Tras el giro que tomó el caso, este ciudadano interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Tolima, con la intención de que la Fiscalía resarciera el daño causado con ocasión de su detención.

No obstante, dicho tribunal consideró que la medida privativa de la libertad se justificaba y negó las pretensiones de la demanda, por tanto el afectado interpuso el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

La alta corte sí revocó esa determinación y declaró al organismo de investigación responsable del daño por haber mantenido privado de su libertad a este ciudadano, basado en indicios que no eran contundentes sobre la participación del detenido en las conductas delictivas que se estaban investigando.