Embargan cuentas de la Alcaldía de Ibagué por no pagar el arrendamiento de un inmueble

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué ordenó embargar las cuentas de la administración municipal debido a la decisión del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo de no cancelar cinco meses de arriendo en una propiedad del empresario Henry Escobar, que se le debían desde el 2015.

En total, son cerca de $200 millones los que deberá pagar el mandatario por concepto de arriendo e intereses desde noviembre de 2015 hasta la fecha. Las cuentas de la Alcaldía de Ibagué embargadas están en el banco Popular, Bancolombia, Davivienda, Colpatria, Caja Social, Agrario, Colmena, Bogotá y BBVA.

Todo inició en el año 2014 cuando la Alcaldía de Luis H. Rodríguez tomó en alquiler el inmueble en donde funcionarían la Secretaría de Educación Municipal y la Oficina de impuestos.

Fue así como en febrero de 2015 el contrato de arrendamiento venció, pero la propiedad siguió siendo utilizada. Después, en junio de ese mismo año se renovó el contrato hasta el mes de diciembre, razón por la que la administración municipal adquirió una deuda de $122 millones por concepto de los cinco meses de arriendo no cancelados.

De este modo, en noviembre de 2015 el exalcalde Luis H. Rodríguez reconoció que adeudaba esta cantidad de dinero al empresario y expidió un acta de liquidación del contrato, con el fin de que la siguiente administración hiciera el pago correspondiente.

Sin embargo, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo ordenó no saldar la deuda, decisión que implicó la apertura de un proceso ejecutivo por parte del empresario Escobar.

Ante esta situación, el secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, afirmó que aún la Alcaldía no ha sido notificada de la decisión del Juzgado, pero que tan pronto lo sea, cancelará la deuda.

Asimismo, el funcionario indicó que el embargo corresponde solo a los cerca de $200 millones y que en las cuentas de la administración local hay alrededor de $300.000 millones, razón por la que esta situación no pone en riesgo la operación del Municipio, ni los pagos a proveedores.