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Contraloría General advierte una posible pérdida de recursos por $61.000 millones en construcción del Túnel de la Línea

El informe de auditoría revela además que hay un daño irreversible de los ríos Anaime, Navarco y Bermellón, producto del desarrollo del proyecto y la falta de control de las entidades con injerencia en el mismo.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué
Exclusivo

La Contraloría Delegada para Asuntos Ambientales hizo público el informe de auditoría a la construcción del Túnel de la Línea, cuya área de influencia está en los municipios de Ibagué y Armenia. El documento refleja  las graves falencias y el impacto ambiental que ha tenido la consecución de este megaproyecto y que le ha costado al Estado $2.8 billones, a través de los diferentes contratos suscritos por el Invías.

El órgano de control establece 17 hallazgos administrativos, 16 con alcance disciplinario y cinco de carácter penal y fiscal que llevarían al Estado a la pérdida de recursos por la suma de $61.701.900.013. (Ver informe)

Los hallazgos vinculan a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), al Invías, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

Una de las conclusiones del informe es la falta de estudios en detalles que permitieran asegurar la eficiencia de los recursos públicos comprometidos.

Además, de la decisión contraproducente por parte del Ministerio de Medio Ambiente de "colocar sobre las autoridades ambientales regionales el otorgamiento de 'permisos ambientales'  lo cual significó una dispersión de competencias".

Hallazgos fiscales

De acuerdo con el órgano de control hubo un presunto daño por la suma de $1.832.571.490  por el pago autorizado por el Invías en favor de Conlínea, bajo el contrato 1883 de 2014 y cuyo fin era culminar el túnel piloto de la Línea y el cual venía siendo ejecutado desde 2008 por la Unión Temporal Segundo Centenario, bajo el contrato 3460 y al cual el instituto declaró el incumplimiento.

Según el órgano de control fiscal, el presunto detrimento se origina por el no cumplimiento de la Unión Temporal en el tratamiento de las aguas residuales industriales del túnel piloto y el principal, por lo que el Invías suscribió un segundo contrato dentro del cual se encontraba la optimización del mismo sistema de tratamiento de aguas.

"Este ente de control considera que la gestión fiscal adelantada por el Invías, frente al tratamiento de las aguas residuales industriales del túnel piloto y principal del proyecto 'cruce de la cordillera central', fue ineficaz, ineficiente, inoportuna y antieconómica (...) en el sentido de que era responsabilidad, de la UTSC, bajo su costa y riesgo toda la gestión, manejo ambiental y social de las obras y el cumplimiento de la normatividad vigente", advierte el informe.

De igual manera, se destaca que esto generó la contaminación por solidos suspendidos en la quebrada La Gata, tributaria del río Santodomingo y que inició con el contrato 3460.

Por otra parte se advierte que, el contrato celebrado con Conlinea, implicó una adición por  $37.550.000.000, que representa un 33.88% en sobrecostos y una prórroga del plazo inicial de 26 meses, es decir 116.7 % de tiempo extra.

También se establece un hallazgo por la suma de $10.858.235 en contra del Invías, al solicitar el traspaso la titularidad de un permiso de ocupación de cauce y que acreditaba la Unión Temporal Segundo Centenario, al darse la terminación del contrato 3460 de 2008.

La Contraloría señala que al ejecutarse esta acción, Cortolima, a través de una resolución, hizo acreedor al Instituto de todos los derechos y obligaciones e hizo efectivo el cobro de la tarifa por seguimiento ambiental para los años 2016, 2017 y 2018.

Y por último, se añade una pérdida de recursos por valor de $59.654.779.568, representados en las obligaciones (compensaciones) originadas de la solicitud de los permisos ambientales y que no fueron asumidas por la Unión Temporal Segundo Centenario, al darse por terminado el contrato por parte del Invías en 2016.

El Instituto solicitó ese mismo años  a cada una de las entidades ambientales con competencia en el proyecto, ser el beneficiario de los distintos permisos y, a través de la declaratoria de la urgencia manifiesta, contrata la terminación de las obras, incluyendo parte de las obligaciones que debían haber sido asumidas por la Unión Temporal.

El actual contrato fue suscrito por valor de $224.407.991.098 con un plazo de 12 meses. Pero el 29 de diciembre de 2018, se firmó la adición y prórroga, estableciéndose como plazo de entrega el 30 de noviembre de 2019 y un valor total de $343.231.971.299.