Contraloría advierte detrimento por $216 millones por parte de la Secretaría de Gobierno de Ibagué
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La Contraloría de Ibagué determinó un presunto daño patrimonial por la suma de $216.417.000 en la suscripción de los contratos 1584 de 2017 y 2033 de 2018 por parte de la Secretaría de Gobierno para el alquiler de una bodega que nunca utilizó. Además, lo tipifica con alcance penal y disciplinario dando traslado a la Fiscalía y la Procuraduría.
En el inmueble, ubicado en la carrera 14 No. 41 – 45, cerca de la avenida Ambalá, debía funcionar el centro de protección para las personas que fueran sorprendidas deambulando por la ciudad bajo los efectos del alcohol o de sustancias sicoactivas. (Ver: Secretaría de Gobierno de Ibagué pagó más de $225 millones por el arriendo de una bodega que nunca utilizó)
El órgano de control fiscal determinó que en el contrato 1584 de agosto de 2017 celebrado por el entonces secretario de Gobierno de Ibagué, Hugo Ernesto Zárrate, con el propietario de esa bodega, identificado como Germán Alberto León Beltrán, fue adicionado en presunta violación del principio de anualidad y de planeación.
El valor inicial del contrato fue por la suma de $95.200.000 y tuvo dos adiciones por un valor valor de $44.700.000.
La primera se hizo con el fin de llevar a cabo mejoras al inmueble por la suma de $9.000.000 diferidos en tres pagos y que, de acuerdo con la Contraloría se hizo de manera injustificada, además de no ser la forma de ordenar y pagar lo que no era producto del arriendo. De igual manera, se resalta que las facturas presentadas para el cobro no tenían los soportes necesarios para justificar el pago.
Posteriormente, tras la salida de Hugo Ernesto Zárrate de la Secretaría de Gobierno (octubre de 2017), su sucesor Marco Emilio Hincapié Jr. continúo con el contrato e hizo la otra adición en tiempo y dinero, aparentemente violando el principio de anualidad.
En cuanto al contrato 2033 suscrito en septiembre de 2018, el órgano de control fiscal advierte que el arrendamiento que fue el valor fijado en 2017 pasó de maneras injustificadas de $11.900.00.00 mensuales a $15.303.400.00 mensuales y no se ajusta a lo dispuesto por la ley. Además, de que el plazo contractual venció en febrero de este año, violando el principio de anualidad.
La supervisión de dichos contratos estuvo a cargo de Marco Emilio Hincapié Jr. y Daniel Soto, ambos en el ejercicio de la Dirección de Justicia.
De las faltas cometidas
De acuerdo con la Contraloría hubo falta de control y planeación en los contratos suscritos por parte de la Secretaría de Gobierno y de los "servidores públicos que adelantaron el proceso de contratación, su ejecución, liquidación y pago, pues incumplieron sus deberes, obligaciones y prohibiciones en el desempeño de sus funciones, incluyendo los supervisores, la misma que fue ineficiente e ineficaz".
Según la Contraloría se infiere la presunta comisión de los punibles de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en virtud de las falencias advertidas por lo que se daría traslado a la Fiscalía para lo de su competencia. (Ver: Contraloría advierte sobrecostos en el arriendo de una bodega por parte de la Alcaldía de Ibagué)
