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Editorial El Olfato
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Zar anticorrupción de Ibagué, bajo las enaguas

El abogado Augusto Ocampo, un contratista de la Alcaldía de Ibagué, que fue presentado ante la ciudadanía como el ‘zar anticorrupción’ de la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, busca amedrentar a este medio de comunicación con oficios amenazantes en los que plantea una ruin estrategia para silenciarnos.

Desde que Ocampo apareció en la ciudad demostramos que sus comportamientos éticos van en contravía de su misión. Mientras promueve la lucha contra las malas prácticas en el sector público, habría gestionado contratos para su hija Luisa María Ocampo Rico y para su novia -a quien niega- Paola Villada, la enfermera que fue contratada para coordinar la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda. (Ver: $88 millones cuestan los contratos del zar anticorrupción, su hija y su novia

El abogado bogotano ha pretendido evitar la publicación de los artículos en los que se formulan cuestionamientos hacia él como ‘zar anticorrupción’ utilizando como escudo a su pareja. Su estrategia intimidante es judicializar al director de este medio de comunicación si se atreve a mencionar en sus publicaciones el nombre de la enfermera Villada.

El objetivo es claro: si no se puede escribir nada de la novia, favorecida con cuestionados contratos otorgados en la Alcaldía de Ibagué, él resulta beneficiado con el silenciamiento de la prensa.    

En febrero de este año, cuando revelamos que los contratos de Ocampo, su hija y su novia le costaban a la ciudad más de $88 millones, el ‘zar anticorrupción’ pretendió frenar la publicación del artículo señalando que Villada, a quien presentó como su “defendida”, estaba escondida en Ibagué porque había sido víctima de maltrato intrafamiliar y que los medios de comunicación podríamos ponerla en riesgo. (Ver: ¿Primera denuncia del zar anticorrupción resultó ser un falso positivo?)  

 Sin nadie pedírselo, terminó revelando detalles de la vida privada de su pareja.

 “Le preciso que a la mencionada dama la conozco de tiempo atrás, actualmente soy su abogado. Ella es una más de las mujeres que lastimosamente en nuestro país han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Agredida con medida de protección para proteger a su vida y madre cabeza de hogar que responde por sus 4 hijos todos menores de edad. En curso contra el padre de los niños hay tres denuncias penales”, señaló en ese momento Ocampo.

Y agregó: “Respetuoso de su labor periodística y de su profesionalismo confío en que cualquiera que sea la proyección que le den a la nota que preparan, mi representada NO resulte revictimizada. Su integridad corre peligro toda vez que se desconoce el paradero del agresor-denunciado. Sería lamentable y gravísimo arruinar el anonimato que hoy minimiza el riesgo que corre de que el delincuente cumpla con las amenazas proferidas en su contra. Por lo demás, me abstengo de brindar mayor información al amparo del secreto profesional que protege mi actividad como abogado”.

Finalmente, el artículo se publicó y Ocampo continuó con su hostigamiento judicial, al punto que se atrevió a enviar una supuesta citación al director de este medio de comunicación para que se presentara ante una fiscalía de Pereira.

Claramente ningún abogado puede hacer citaciones a nombre de la Fiscalía General de la Nación. Eso lo sabe hasta un estudiante de primer semestre de derecho.

Y ahora, cuando se preparaba el artículo ‘Los favores para el zar anticorrupción de Ibagué’, Ocampo fue informado con antelación de este trabajo periodístico, al parecer por el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, quien fue consultado sobre el polémico contrato de la pareja del 'zar'.

Cuatro días antes de la publicación, el ‘zar’ reaccionó enviando otro oficio de tres páginas en el que reiteró sus amenazas, escudándose en su compañera sentimental. (Ver: Los favores para el zar anticorrupción de Ibagué)

“(…) se radicará denuncia penal por calumnia e injuria directamente en la sede del Búnker de la Fiscalía de la capital con petición expresa para que se constituya agencia especial de la Procuraduría General de la Nación”, dice en uno de los apartes.

“(…) En tal sentido, en caso de que llegado el fin de mes no haya habido pronunciamiento suyo le hago saber que la oficina que dirijo activará las acciones penales, civiles, para demandar el reparo de los daños y perjuicios, e igualmente la denuncia ante la Superintendencia a fin de lograr que por vía administrativa se imponga la multa que procede e igualmente se adopten las medidas que según la ley son posibles, para que un medio de comunicación que se ha utilizado para desinformar e incurrir en varias conductas ilícitas, sea objeto de medidas restrictivas que se han dictado en asuntos similares”, anota.

Pero si no fuera poco, Ocampo también intimida con adelantar una demanda de “extinción de dominio” en contra de este medio de comunicación.

Es necesario hacer dos precisiones. La primera: la señora Paola Villada es contratista pública, sus contratos aparecen en el portal de contratación del Estado (Secop)  y en la página web de la Alcaldía de Ibagué. En ellos están consignados datos personales como la dirección de su residencia y su teléfono celular. Además, su hoja de vida también se puede consultar en la página web del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). Así que cualquiera puede ubicarla.

Y segundo: no es la primera vez, ni será la última, que EL OLFATO debe enfrentar este tipo de intimidaciones y amenazas por parte de polémicos abogados para silenciarnos. En el pasado lo intentó Orlando Arciniegas Lagos, hoy condenado a 27 años de prisión, quien pretendió impedir nuestro ejercicio profesional durante las investigaciones del desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.

Este medio de comunicación no se someterá y las investigaciones continuarán su curso.