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¿Y cuánto costó eso?

En la semana previa a la segunda vuelta presidencial se produjo una noticia que no ha merecido el énfasis de la opinión pública en la ciudad.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de segunda instancia anuló los artículos del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Ibagué que refieren a aspectos como los usos del suelo en zonas de mitigación y particularmente los usos del suelo en zona rural, normas que había demandado la Corporación Autónoma Regional del Tolima.

En su oportunidad el Director de Cortolima había hecho público su descontento por el hecho de que la concertación ambiental que como supuesto del trámite del POT se había surtido por el Municipio, no se había respetado en el articulado final llevado a consideración del Concejo Municipal.

Descontento con el “conejo” que la administración municipal le hizo al documento de concertación ambiental; el exdirector Cardoso acudió a la jurisdicción contencioso administrativa a través de una actuación judicial que recién concluye después de un lustro.

Muchas cosas extrañas ocurrieron en el trámite del POT de Ibagué:

La primera queda ya develada con la declaración de nulidad del Tribunal que le da la razón a Cardoso y declara que el Municipio concertó una cosa con la Corporación y llevó otra cosa al Concejo, por lo menos en lo que refiere al desarrollo del suelo rural.

Otra cosa muy rara, es que el Concejo Municipal al que se radicó el proyecto, sospechosamente guardó un silencio cómplice que facilitaba al ejecutivo dictar el POT mediante Decreto el Plan de Ordenamiento Territorial. Nadie ha cuestionado en los años de vigencia del POT la razón por la cual 19 concejales de Ibagué eludieron la responsabilidad de dar discusión y trámite a un proyecto de esa magnitud e importancia, habilitando a Luis H para que lo expidiera, incumpliendo los parámetros acordados en la instancia de concertación ambiental con Cortolima.

Mas raro aún que a pesar de la preocupación expresada por Cortolima acerca de la inviabilidad de suministro de agua en la zona de expansión, el proyecto de POT siguió su paso avasallador a costa de lo que fuera, a escondidas del debate público en el Concejo; cruel premonición de la sed que unos años después experimentan los habitantes del sector y para los cuales la única respuesta del Municipio es un pedido de paciencia por unos años mientras el próximo gobierno trae el agua.

Lo que viene es ciertamente caos e incertidumbre:  La nulidad de los usos del suelo en zona rural deja sin piso jurídico a los desarrollos urbanísticos legales que no han sido licenciados, favoreciendo los procesos de urbanización ilegal que pululan en casi todos los sectores rurales del municipio y sin posibilidad de acudir a la aplicación de la normatividad del POT anterior, por cuanto la regla de derogatoria de dichas disposiciones no fue anulada y tiene hoy en día plena vigencia.

Llevar al Concejo un nuevo proyecto que acoja la concertación previa o la que llegue a tramitarse ahora, representa una aventura de imprevisibles resultados, frente a un gobierno que busca por esto días secretario de planeación, inicia la parte final de su mandato y empieza a recorrer la etapa preelectoral territorial.

En el entretanto la Fiscalía mira hacia el techo cuando alguien pregunta ¿a quien beneficiaban las normas que se anularon? ¿Cuál fue la razón que motivó la imposición de reglas no concertadas ente el Municipio y la autoridad ambiental? ¿Qué incentivo tuvo el Concejo para desentenderse del proyecto POT y dejar en manos del Alcalde su expedición por Decreto?

Y otro ( no yo ) preguntaría ¿Y cuánto costó eso?.

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