Vicepresidente del CNE dice que publicidad política todavía no está autorizada
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El magistrado Felipe García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral -CNE-, se refirió a la denuncia realizada, este jueves, por cuatro de los candidatos a la Alcaldía de Ibagué, sobre la presunta violación a las normas electorales por parte de la emisora La Cariñosa. (Vea Denunciarán a RCN Radio y a Jhon Esper Toledo por presunta violación de normas electorales)
El episodio que motivo la acción, por parte de los otros candidatos, se dio el pasado 12 de mayo, cuando el también aspirante por Cambio Radical, Jhon Esper Toledo, intervino por más de 20 minutos en el noticiero de La Cariñosa, y al final su director, Rubén Darío Correa, remató con la frase: “esto es un espacio de publicidad política pagada”. (Vea Candidatos a la Alcaldía de Ibagué exigen equilibrio informativo a RCN Radio)
Por eso, el magistrado García dijo que este tipo de casos deberán ser estudiados en detalle por el CNE, y dejo claro que “la propaganda está limitada, en vallas y espacio público, a los tres meses previos a la fecha de las elecciones y en el caso de los medíos de comunicación a los 60 días, el próximo 25 de octubre”, advirtió.
El proceso del caso en el Consejo Nacional Electoral
Frente al caso de La Cariñosa, García manifestó que lo primero que debe hacer el CNE es determinar “si hubo o no una conducta contraria a las normas electorales. Lo que corresponde hacer al Consejo es investigar, y establecer que en efecto hay actos de propaganda que puedan ser calificados como publicidad política pagada”, explicó.
Una vez se determine si existió una presunta violación a la norma, “se reparte a uno de los otros magistrados de la Corporación”, quien después de una indagación preliminar, recolecta algunas pruebas, y “presenta a la sala plena un proyecto de resolución en relación con la conducta. Este proceso puede tomar unos cuatro meses para ser resuelto”, añadió.
El vicepresidente del máximo órgano electoral, afirmó que la sanción frente a este tipo de presuntas irregularidades puede estar entre los $12 y 110 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad de la infracción.
Por último, invitó a los ciudadanos y medios de comunicación a que “denuncien cualquier comportamiento que de alguna manera, suponga propaganda electoral o campañas de expectativas realizadas por fuera del término establecido en la Ley”, puntualizó.
