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Un cañón que lo degradan, un río que se desborda y una ciudad que no planifica

La creciente del río Combeima es un fenómeno que se convierte en desastre cuando este, como evento natural, ocurre en lugares donde hay actividades humanas, entonces, como suceso de la naturaleza, es impredecible e inevitable.

Sin embargo, sus efectos sobre las zonas habitadas sí pueden ser prevenidos y evitados.  

Lo anterior, requiere de planeación y ordenación territorial, pero en Ibagué pareciera que, o no se planifica, o las autoridades hacen caso omiso en dar cumplimiento a los instrumentos de planificación del territorio.

Ejemplo de ello, es el agresivo proceso de urbanización que viene sufriendo el Cañón del Combeima, paraíso ambiental y pulmón natural que, ante la ausencia de un control efectivo por parte de las autoridades y la oprobiosa infracción a las normas urbanísticas, ha venido transformándose ante la proliferación de grandes construcciones, entre palacios y mansiones, desde donde el altísimo todo vigila, muchas de ellas en zonas de riesgo, ubicadas en pendientes y laderas, contribuyendo negativamente a la degradación y el deterioro de este patrimonio ecológico.  

Para refrescar la memoria y demostrar que las anteriores premisas son ciertas, en el año 2012, mediante contrato 477, la firma consultora CI Ambiental llevó a cabo estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la cuenca urbana del río Combeima.

Sus resultados fueron socializados en las instalaciones de Cortolima el 8 de agosto del año 2013, dónde se compartió públicamente que barrios como La Vega, Baltazar, Libertador, Cartagena, Bosque, San José, Santofimio e Industrial, tenían altas probabilidades de riesgo por remoción en masa e inundación.  

Ocho años después y pesar del conocimiento sobre este estudio por la administración local y la autoridad ambiental, el río más importante del municipio rompió el lecho que lo acoge y afectó a más de 70 de familias ubicadas en estas zonas donde, por fortuna, no hubo pérdida de vidas humanas.  

Los resultados del estudio fueron incorporados al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, de hecho, en dos documentos del 2015, dónde se mapean las amenazas y los riesgos, las zonas marcadas por estar localizadas a alturas entre 0,8 y 1,5 metros respecto a niveles medios de las principales corrientes fluviales y estar expuestas a inundación por crecientes ordinarias, evidencian que los barrios afectados ya habían sido identificados por su alto grado de amenaza.   

Aun así, la Alcaldía de Ibagué, Cortolima, el IBAL y demás entidades que hacen parte del CONPES 3570 de 2009, no tomaron las medidas necesarias en materia de mitigación del riesgo y reubicación de las familias ubicadas en estas zonas de riesgo, asunto que requerirá de una explicación ante los organismos de control.

¿Por qué no han sido reubicados? ¿Cuántos proyectos para la reubicación de estas familias se han desarrollado? ¿Por qué en lugar de disminuir han aumentado los asentamientos? ¿A qué se debió la ausencia de ejecución de obras para la mitigación del riesgo? 

Esta evidente falta de planeación y ausencia de control de las autoridades arroja dos premisas graves. La primera, que las familias afectadas son el resultado de un municipio sin estrategias efectivas para la mitigación del riesgo, pese a contar previamente con estudios que advertían esta situación.

La segunda, que pese a los miles de millones de pesos invertidos en el “agujero negro” que se ha convertido el proyecto del acueducto complementario, estos eventos de la naturaleza siguen y seguirán afectando el suministro de agua potable en la capital tolimense.  

Esta nueva tragedia, que pudo evitarse, deja más de 120 viviendas gravemente afectadas, casi un centenar de familias lo perdieron todo y gran parte de la ciudad se quedó sin el líquido vital.

Eso sí, vale la pena mencionar que el IBAL, la empresa de los Ibaguereños, fue un poco más diligente y considerada con los establecimientos comerciales de congresistas y amigos de la casa azul, privilegios que ciudadanos reprocharon y denunciaron, siendo EL OLFATO el único medio que se atrevió a hacer pública esta situación.  

Mientras eso sucede la expansión urbana crece a ritmo acelerado y de manera desorganizada, la garantía del suministro de servicios públicos, si se continúan incumpliendo las normativas y lineamientos ambientales del POT, es incierta.

Los problemas por invasiones de predios aumentan, miles de familias siguen ubicadas en zonas de riesgo y lo proyectos urbanísticos sin planeación siguen incidiendo sobre el desplazamiento desordenado hacia las periferias.  

Ibagué no ha ordenado bien su territorio, nuestra planificación no está proyectada al largo plazo, el precario control urbanístico generado por la débil acción de las autoridades, ha contribuido a la obsolescencia y déficit en la garantía de los servicios públicos esenciales. Cada vez es se hace más urgente un verdadera visión y proyecto de ciudad.  

Y a todas estas, ¿que paso con el alcalde? No debemos preocuparnos, él está bien, disfrutando de unas (in) merecidas vacaciones en el viejo continente, desconectado de la realidad, tratando de superar el estrés producido por 21 meses de (des) gobierno. Ojalá se recupere pronto.  

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