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Tolima: un paso adelante en la educación

Santiago Barreto
Secretario General de la Gobernación del Tolima

No es un golpe de suerte ni una casualidad que hoy los jóvenes de los estratos 1 y 2 tengan la oportunidad histórica de cumplir su sueño y el de sus familias al poder acceder a la educación superior para estudiar una carrera profesional totalmente gratis en la Universidad del Tolima, el Conservatorio de Música del Tolima, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y en algunas instituciones privadas como la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Ibagué, la Universidad de Ibagué, Coreducación y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto).

Esta decisión del gobernador Ricardo Orozco obedece al gran compromiso y voluntad de destinar importantes recursos del presupuesto de inversión del departamento a la educación, siguiendo el ejemplo de los países desarrollados que priorizan sus inversiones hacia el desarrollo del conocimiento y el talento de su gente, con el propósito de fortalecer las bases productivas de la economía y así construir los cimientos para una verdadera transformación social.

El gobierno departamental el “Tolima nos Une” tuvo la iniciativa de liderar un proceso para lograr que el acceso a la educación superior en el departamento sea gratis para los estudiantes que quieren estudiar en la universidad, pero que no tienen los recursos para poder hacerlo.

En este sentido, nuestro gobernador convocó a los diferentes actores involucrados en este propósito, como el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), las alcaldías y las instituciones de educación superior del departamento para diseñar una estrategia conjunta que permitiera sumar todos los esfuerzos necesarios con el fin de lograr que la gratuidad de la educación superior sea una realidad para los jóvenes con menos oportunidades en el Tolima.

En este propósito, para el año 2021 la Gobernación ha proyectado una inversión social dirigida a la educación superior que alcanza los $ 30.302 millones con el objetivo de financiar 27.630 cupos universitarios a jóvenes de estratos 1 y 2 en estas instituciones.

Cabe resaltar que la principal diferencia entre los países desarrollados y en vía de desarrollo radica precisamente, en que los primeros garantizan a sus ciudadanos el acceso efectivo a la educación para que puedan aplicar sus conocimientos en la producción, transformación y distribución de bienes y servicios, con el fin de generar valor agregado a su economía, así como al funcionamiento eficiente y el manejo transparente de los recursos públicos del Estado.

Mientras que los segundos no aprovechan el talento de los ciudadanos para buscar soluciones a sus problemas ni capitalizar las ventajas comparativas y competitivas que tienen en sus territorios.

Anteriormente, los ciudadanos tan solo esperaban que el Estado mantuviera el orden público, la justicia y la protección de su soberanía frente a otros países. No obstante, en los Estados modernos, la población tiene expectativas más altas y también demanda gratuidad en la educación, salud y otros servicios públicos.

En consecuencia, si el Estado quisiera garantizar, por ejemplo, que más personas puedan acceder gratis a la educación superior, sería necesario, trabajar paralela, simultánea y arduamente en el crecimiento económico del país para generar las condiciones que permitan recaudar recursos públicos suficientes con los que se podría financiar la gratuidad educativa.

En este sentido, la teoría económica distingue tres factores con potencial para lograr el crecimiento acelerado de una economía: 1) aumentos de capital, 2) aumentos de la fuerza laboral y 3) aumentos de la productividad. Sin embargo, el camino más indicado para que este crecimiento sea sostenible es a través de los aumentos en la productividad del trabajo, del capital y de los recursos naturales a partir de la generación de conocimiento, lo que significa aprender a producir más y mejor haciendo uso de los factores de producción y avances tecnológicos disponibles.

Para hacerlo, es necesario capacitar mejor a nuestros trabajadores, profesionales y empresarios; fomentar la innovación en las empresas, para que produzcan con mayor eficiencia y desarrollen nuevos productos y servicios; además, facilitar su productividad y crecimiento con una mejor infraestructura pública, acceso a servicios financieros y seguridad jurídica. Resaltando que, aunque hemos logrado avances importantes en la materia, aún nos falta mucho por mejorar en varios de estos aspectos.

Debemos destacar que, de acuerdo con estudios recientes elaborados por el Banco de Desarrollo de América Latina cerca de la mitad de los aumentos de la productividad debe provenir de los esfuerzos internos de las empresas y la otra parte de mejoras en el entorno en el que producen. Por eso, se requieren esfuerzos tanto del sector privado como del público que articulen acciones tendientes a la mejora de la educación y formación de profesionales capaces de contribuir a la productividad del país.

Sin una población con altos niveles de educación, el departamento no podrá competir en la nueva era de la economía del conocimiento donde los productos de alta tecnología, investigación e innovación se cotizan mucho más en los mercados internacionales que las materias primas y las manufacturas con poco valor agregado.

Por lo anterior, es necesario seguir trabajando para lograr la universalidad de la educación superior con el objetivo de generar más oportunidades de acceso y gratuidad a la población más vulnerable del departamento; así como, promover políticas públicas para que las empresas adopten las últimas tecnologías de producción, generación de energías limpias, asociatividad  y mercadeo, con el fin de que este capital humano que se va a formar a partir de las inversiones en educación superior del gobierno departamental, contribuya a la creación de nuevos emprendimientos que generen mayores ingresos a las familias tolimenses.

Así mismo, es importante tener en cuenta que, aunque la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la educación, esto no quiere decir que el Estado de un día para otro esté obligado a proporcionar directamente educación gratis al total de la población ni aumentar la inversión en este sector más allá de lo que permite el presupuesto público de la nación.

Puesto que lo que exige la Constitución es garantizar la no discriminación en el acceso a ésta, generar condiciones para que los particulares y privados participen en su prestación y avanzar progresivamente sin retroceder en los logros obtenidos en materia de inversión social.

Finalmente, el departamento debe seguir trabajando para construir una ciudadanía, un estado y un mercado moderno que garantice el bienestar social de forma equitativa, con un desarrollo y crecimiento económico estable y sostenido en el tiempo; cerrando las brechas de la desigualdad en el acceso a la educación superior vamos a dejar de depender de golpes de suerte externos y empezaremos a construir las bases de un futuro en el que nuestro bienestar en el Tolima dependa de lo que hagamos fruto de nuestros propios esfuerzos y conocimientos tanto individuales como colectivos.

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