Silencio cómplice de las “ías”

Al ciudadano de a píe nos cuesta trabajo entender los mensajes que los organismos, llámese administrativo, fiscal y penal,  le envía constantemente a la ciudadanía para estimular la denuncia, para indicarle que “el que la hace la paga”, que “no pasaran los corruptos” y cuanto mensaje se le ocurre de impacto a los publicistas del Estado.

Solo basta recordar los anuncios que el Fiscal General hiciera a los ibaguereños en el mes de marzo anunciando la captura de siete u ocho personas, incluidos políticos en la fase tres de las investigaciones por el robo de los escenarios para los Juegos Nacionales, se dirá que hay condenados y con multas millonarias, pero la cárcel para construir no sirve y las multas hasta ahora no han recuperado algo relevante como tampoco los empresarios españoles que han sido intocables para la Fiscalía.

El excontralor Amaya, se puso la camiseta pero le quedó estrecha, pues no tocó en sus fallos ni a Coldeportes como tampoco a su nefasto director Andrés Botero, que se dio el lujo de anunciar quince días antes de la inauguración de lo que llamaron “ Los mejores Juegos Nacionales de la historia”, que se iba satisfecho, no se sabe si por lo que le tocó o porque no quiso ver la debacle.

Por su parte la Procuraduría General de la Nación, la gran responsable de la catástrofe, es la que muestra pésimos resultados en materia de imputaciones de responsabilidades, pero es frecuente ver en los medios de comunicación a Fernando Carrillo, anunciar lucha frontal contra la corrupción mientras no encuentra las llaves de la gaveta donde se encuentran inánimes las denuncias instauradas desde 2013.

A pesar del anterior panorama hemos seguido pidiendo, suplicando, implorando que no quede en el olvido el “robo” y menos ahora, que tendremos que chillar pagando de nuestros impuestos lo que gentilmente la administración municipal y el Concejo de Ibagué, han dispuesto que debemos asumir pero además, como avizorando lo que muy seguramente llenará los tabloides y es el tema del Ibal.

Nos hemos enfocado silenciosamente en exigir aparte de lo que la opinión pública conoce, resultados sobre las siguientes denuncias

Primer Caso: estudios Diseños Escenarios Deportivos Juegos Nacionales

El 18 de noviembre de 2013, con radicado 4459 ante la procuradora provincial de Ibagué, Ligia Aguilar, se realizó la primera denuncia por la forma irregular como se estaban realizando la convocatoria para el estudio y diseño de los escenarios deportivos para la realización de los XX Juegos Deportivos Nacionales y los IV Paranacionales a celebrase en el año 2015. Hasta la fecha no hay respuesta.

Con radicado IUS-2014-436158 se denunció con fecha 13 de noviembre de 2014 ante la Procuraduría Regional del Tolima, la forma como se hizo el reparto para las licencias urbanísticas de los escenarios y la manipulación de las mismas que hiciera el Curador No 2 de Ibagué y que fue la génesis de la catástrofe.  

Con fecha febrero 15 de 2015 se ordenó la apertura de la indagación preliminar.

Con fecha 9 de agosto de 2016, el Procurador Regional del Tolima, ordenó abrir investigación disciplinaria contra Claudia Yolanda Cifuentes y Gresman Cifuentes Silva, en su condición de curadores urbanos No 2 de Ibagué.

El mismo Procurador Regional, el 9 de mayo de 2017, ordenó la práctica de nuevas pruebas “para el perfeccionamiento de la investigación”.

Y aquí viene lo mejor:

El 7 de julio de 2017, el Procurador Regional ordena remitir el expediente a la Procuraduría Provincial y el 27 del mismo mes y año, ésta, remite el expediente a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.

Mediante Resolución 256 del 8 de junio de 2017, el procurador Fernando Carrillo, designó un funcionario especial para la investigación relacionada con el trámite de los estudios y diseños.

Conclusión: Después de más de cuatro años de denuncia, incluida la que hicieran el expresidente Juan Manuel Santos y el Zar anticorrupción, no hay resultados, caso muy distinto que por hechos similares en menos de un mes se sancionó al Curador Urbano de Cartagena, como tampoco hay investigaciones o imputaciones de cargo, contra exfuncionarios o contratistas.

Quizás pronto anunciarán la prescripción.

Segundo Caso: destrucción Parque Deportivo de Ibagué

Con fecha de enero 18 de 2016, se puso en conocimiento de la Contraloría Municipal de Ibagué, el detrimento patrimonial contra los bienes del municipio, avaluados en $10 mil millardos y que fueron demolidos por orden de Orlando Arciniegas Lagos, con la anuencia del exalcalde Luis H. Rodríguez y los funcionarios y directivos del Imdri. Bienes representados en piscinas, canchas de fútbol, patinaje, tejódromo, canchas de tenis, instalaciones administrativas y locales comerciales, entre otros.

Después de dos años, la Contraloría Municipal le solicita a través de Olga Leonor Lerma Palma a  la Gerencia Departamental de la CGR, en cabeza del doctor Mauricio Barajas Charry, gran aliado para la recuperación de dineros de los Juegos, qué ha pasado con mi denuncia, obviamente le contesta que la competencia es del nefasto ente municipal y como es sabido era propensa a archivar las investigaciones.

La misma denuncia se efectúo ante la Fiscalía General de la Nación, sin resultados a la fecha.

Tercer Caso: Ibal- Alberto Girón

Ha sido costumbre que el ingeniero Alberto Girón se burle de las autoridades, y con mayor razón, de los ciudadanos que reclamamos información a través de derechos de petición que respetuosamente se le dirigen para conocer de primera mano, sus ejecutorias y compararlas con la realidad, porque como dice el adagio popular: “Después del tubo enterrado no hay Santalucía que valga”, sin embargo, tal parece que lo seguirá haciendo.

Le dirige el siguiente derecho:

 1.-  Si la Empresa IBAL S.A ESP Oficial, ha sido sancionada en los últimos cinco (5) años, por la Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y/o cualquier otra entidad de carácter público nacional.

2.- En el evento que la Empresa haya sido sancionado, se indique el tipo de sanción, y la circunstancia de tiempo, modo y lugar, de los hechos que originaron la sanción.

3.- Se indique si en el mismo periodo de tiempo, es decir, cinco años a partir de la presentación de este derecho hacia atrás, la Empresa ha cancelado, multas y/o sanciones, ya sea a  Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social u otra entidad.

4.-  Se informe cuántas denuncias disciplinarias, ha instaurada la Empresa y acciones de repetición, por sanciones y/o multas, por pago de sentencias, y conciliaciones a partir del 1º de Enero de 2016 a la fecha.  

5.-  Se indique, cuál es el profesional del derecho que a nombre de la Empresa, representa los intereses de la misma, dentro del proceso 73001-33-33-005-2016-00012-00 y contra José Alberto Girón y otros, que cursa en el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué.

6.- Se relacione los procesos judiciales en contra de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL, que a partir del 1º de enero de 2016 se han instaurado y a cuánto asciende las pretensiones de la demanda.

7.- Se allegue a este peticionario, la relación de la Planta de Personal, administrativo, operativo y técnico, en el que se indique:

a.- Fecha de ingreso

b.- Cargo

1. Salario
2. Prestaciones a que cada cargo tiene derecho, legales, extralegales y convencionales.

8. 8. Se certifique si la empresa a partir del 2016 a la fecha, su objeto social ha sido modificado indicando las modificaciones al mismo, en el evento en que se haya aprobado.

Al no obtener respuesta el 19 de diciembre de 2017, instaure la queja ante la Procuraduría Provincial de Ibagué y al solicitar información me contestan con estas perlas:

“Se dispuso tramitarla dentro del eje de la Procuraduría como “ Acción Preventiva”, la cual se enfoca en vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio  de las normas vigentes… En virtud de los anterior se han hecho requerimientos el 9 de enero y el 12 de febrero, pero a la fecha (29 de agosto de 2018) no se ha obtenido respuestas… se requerirá a la empresa Ibal, quien fue el funcionario que recibió la petición.”

¿Puede alguien con dos dedos de frente, que el ciudadano deba esperar después de casi nueve meses, se le informe que se está averiguando quien recibió el derecho de petición y que a pesar de que la Procuraduría compulsó copia del mismo tampoco el señor Girón conteste?

Es lamentable pero así se fue descubriendo el robo de los juegos que empezó con el tapen tapen, continuo con la negligencia de los órganos de control y termino en cárceles para unos y bolsillos llenos para otros.