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Seguridad en el sur del Tolima

El cierre de 2020 y los primeros días del 2021, nos trajeron varias noticias que no se pueden  perder de vista desde el punto de vista de los riesgos para la seguridad y las garantías para la  no repetición del conflicto armado en el sur del Tolima.  

La primera es el reconocimiento del secretario del interior, Alexander Tovar, de que en el sur sí  hay presencia de grupos armados organizados. Lo hizo en el marco de un consejo de seguridad en Roncesvalles, con ocasión de los panfletos que circularon en ese municipio,  firmados por el Frente Ismael Ruíz y la Compañía Adán Izquierdo, ambas, disidencias de las extintas FARC.  

El Tolima, dijo Tovar, hace parte del proyecto de expansión de estos grupos desde otras regiones, particularmente, del Valle del Cauca.  

La segunda, que ha pasado completamente desapercibida por la prensa regional y la opinión  pública, tiene que ver con el mensaje de fin de año de quien sería alias ‘Jonnier’, comandante  del Comando Coordinador de Occidente, presuntamente desde las montañas del Tolima. 

Valga la pena recordar que ‘Jonnier’, tercero al mando del grupo de alias ‘Gentil Duarte’, fue el  comandante guerrillero que entrevistó el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación,  Ariel Ávila, junto a la periodista de El Espectador, Andrea Aldana, en el departamento del  Cauca a mediados del mes de noviembre. (Vea la entrevista completa acá

Dos semanas después de haberse publicado dicha entrevista, el Comando Coordinador de Occidente, que agrupa las columnas móviles Jaime Martínez, Dagoberto Ramos (protagonistas de varios hechos delictivos en el Tolima), Franco Benavides y Urías Rondón; los frentes Rafael Aguilera, Carlos Patiño e Ismael Ruíz, y la Compañía Adán Izquierdo (estos dos últimos detrás  del panfleto en Roncesvalles) dirigieron un comunicado a la ONU, la MAPP OEA y la  Defensoría del Pueblo, para que se les reconociera como organización beligerante, esto es,  con unidad de mano, control territorial y capacidad militar para confrontar a las fuerzas armadas, como lo fueran las FARC.  

El último hecho conocido esta semana fue la erradicación de mil plantas de coca en zona rural del municipio de Rioblanco, en frontera con el departamento del Valle, con capacidad para  producir 6.8 kilos de cocaína y un usufructo de $32 millones de pesos. Según informó el Ejército, el cultivo haría parte de las redes de apoyo de la columna móvil Dagoberto Ramos, del Comando Coordinador de Occidente.  

Desde hace por lo menos dos décadas, cuando se erradicó la amapola, no se tenía noticia de cultivos de uso ilícito en las montañas del Tolima, y mucho menos de coca.  

¿Qué implicaciones pueden tener estos hechos para la seguridad y las garantías de no repetición del conflicto armado en el sur del Tolima?  

Ya hace varias semanas que el Centro de Estudios Regionales ha venido advirtiendo que el sur del Tolima conforma una geografía históricamente atravesada por la violencia, que desborda los límites del departamento y que la conecta con las subregiones de norte del Cauca, el occidente del Huila y el suroriente del Valle del Cauca.  

Argumentamos que existen riesgos para la población derivados de la posible confrontación entre estructuras armadas por el control del territorio y la población (tal y como ocurre hoy en  el sur y norte del Cauca), el reclutamiento y la utilización de menores, y el tráfico de drogas y  armas. 

Recomendamos conformar una mesa interdepartamental (Tolima, Cauca, Valle, Huila) e intermunicipal, liderada por la gobernación del Tolima, en la que se tomen medidas para prevenir el accionar de los grupos, que vayan más allá de la militarización del territorio e incluya a la sociedad civil, desde cooperantes internacionales hasta organizaciones de base  comunitaria.  

Vea el resumen ejecutivo del informe: Nuevas y viejas violencias. Desafíos para la no repetición  del conflicto armado en el sur del Tolima.  

Sorpresivamente, las advertencias del CERE fueron acogidas primero por el gobernador del Huila, Luis Enrique Dusán, quien con el liderazgo del Comisionado para la Paz, Miguel  Ceballos, sentó a los gobernadores del Tolima y Cauca en Neiva con el objetivo de articular  acciones para prevenir el reclutamiento y el control de corredores de narcotráfico en doce  municipios de los tres departamentos: Corinto, Miranda, Toribío, Páez e Insá (Cauca),  Rioblanco y Planadas (Tolima), y Teruel, Íquira, Nátaga, Paicol y la Plata (Huila).  

“Todos estos municipios son limítrofes, y todos son utilizados por los grupos armados como corredores de narcotráfico”, dijo el Comisionado, además de que a través de ellos, continuó, se transita hacia Brasil y hacia el Pacífico, utilizando también el territorio del Valle.  

En su rendición de cuentas de fin de año sobre los temas de la seguridad y el orden público en el departamento, el gobernador Ricardo Orozco no mencionó la propuesta de articulación del Comisionado y cerró filas en torno al enfoque de capturas y recompensas que ha caracterizado su primer año de gestión, pese a que, como se puede entrever al inicio de esta columna, los riesgos para la seguridad y las garantías de no repetición del conflicto armado en el sur son cada vez más latentes.  

En sus declaraciones al terminar el primer consejo de gobierno del nuevo año, Orozco presentó lo que será su plan para mejorar la seguridad en las zonas rurales del departamento: estaciones de Policía en Santa Teresa, corregimiento de El Líbano; San Rafael, en Santa Isabel; Anaime, en Cajamarca; y Tres Esquinas, en Cunday. Iniciativa que, valga decir, está centrada en una noción de la seguridad ciudadana que no tiene que ver con los temas del conflicto armado.  

Desafortunadamente, asuntos claves para seguridad y la no repetición en el sur, que están en  el Plan de Desarrollo, como la elaboración de documentos derechos humanos y paz a través del Observatorio de Derechos Humanos (creado en el papel), el diseño de un plan de acción - y de una ruta - para la prevención, protección y atención para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos; los “servicios” de prevención, protección y garantías de no repetición en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011; entre otros, se encuentran por ahora en el congelador.  

Esta es la tercera columna del Director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del  Tolima, sobre los desafíos para la no repetición del conflicto armado en el sur del Tolima. Vea  las dos anteriores acá: https://www.elolfato.com/andres-tafur-villarreal 

 

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