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Se disparó el número de candidatos al Concejo de Ibagué: ¿Por qué es tan buen negocio?

Según la Registraduría, Ibagué pasó de tener 259 candidatos al Concejo en 2016 a 371 en 2019. Aquí les contamos cuánto gana lícitamente un cabildante cada año y cuáles son las ‘entradas extras’ que suelen montar algunos negociantes de la política local.
Poder
Autor: Redacción Política
Autor:
Redacción Política
Foto: EL OLFATO

En las redes sociales abundan los memes sobre el interés de muchos ciudadanos de convertirse en concejales de Ibagué. Y no es cuestión de percepción, sí hay una creciente participación de candidatos para las elecciones regionales del mes de octubre.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, este año aumentó en un 43.2 % el número de aspirantes al Concejo de Ibagué, al pasar de 259 candidatos en 2016 a 371 en 2019.

La cifra es sorprendente teniendo en cuenta que se trata de una corporación desprestigiada y con altos niveles de desaprobación, según los indicadores del programa Ibagué cómo vamos. (Aumentó la imagen negativa del Concejo, según la encuesta de Ibagué Cómo Vamos)

La razón: 14 de los 19 concejales del periodo 2016 – 2019 están suspendidos por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía acaba de anunciar que procesará por el presunto delito de prevaricato. (Los mezquinos concejales de Ibagué)

Estos cabildantes están en líos por las elecciones irregulares del Personero y el Contralor de Ibagué, pero tienen más procesos penales y disciplinarios pendientes por tráfico de influencias, entre otros hechos que investigan las autoridades.

Pese a ello, la mayoría de los concejales pretenden repetir y muchos seguramente retendrán sus curules.

Edwin Martínez, politólogo y columnista, cree que la participación masiva de candidatos no debería verse como algo negativo, pero tiene sus reparos.

“Creo que la crisis de la política denominada tradicional influye en que muchas personas, de diversos orígenes sociales, quieran participar como candidatos. En principio, esto no debería ser necesariamente negativo, sino lo contrario, reflejo de una democracia viva, abierta y pluralista. No obstante, insisto en que quizás la crisis ideológica y política, así como el desprestigio de los partidos, puede crear un estímulo para lanzarse a nombre de lo que sea, sin un verdadero propósito de servicio público”, explica.

También piensa que hay otros aspirantes que ven el mal ejemplo de los actuales concejales de Ibagué y quieren seguir sus pasos, por ejemplo, participando de la contratación oficial a través de terceros y fortalecer su caudal electoral con puestos y dádivas que ofrece el Ejecutivo.

“Aunque no se puede generalizar, porque seguramente pueden existir candidatos que representan verdaderas aspiraciones colectivas o defensa de derechos generales de grupos poblacionales, también es cierto que el desprestigio del escenario político institucional también crea el estímulo para que muchas personas vean en el Concejo la oportunidad de usar la política en beneficio propio con la captura de rentas y vinculación a redes clientelares por su alianza con el alcalde de turno”, señaló Martínez.

Por su parte, Carlos Salazar, politólogo y coordinador del programa Ibagué cómo vamos, sostiene que el incremento de candidatos al Concejo Municipal se relaciona igualmente con las altas tasas de desocupación que hay en la ciudad.

“Las personas están preocupadas por la situación socioeconómica de la ciudad. Es una oportunidad para participar en política y es una oportunidad laboral”, dice.

Pero resalta que, muy posiblemente, un número importante de esos aspirantes desconoce las funciones del Concejo Municipal y la responsabilidad política que asumen.

¿Cuánto gana lícitamente un concejal en Ibagué?

El tema económico es uno de los factores determinantes para que haya tanto político primíparo que quiere llegar debutar como concejal de Ibagué.

Anualmente, un concejal puede recibir unos $77.653.570 por las sesiones en las que participa, informó la secretaría general de esa corporación.

Por ley, cada año, los concejales pueden cobrar por asistir a 150 sesiones ordinarias y hasta 40 extraordinarias.

Regularmente, los alcaldes convocan a sesiones extraordinarias para complacer a los cabildantes y aumentar así sus honorarios.

Por cada sesión reciben: $408.703, según el artículo primero de la Ley 1368 de 2009.

Asimismo, la entidad les paga un seguro de vida y el servicio médico durante el periodo como concejales.

Además, pueden vincular a sus conocidos y amigos a las Unidades de Apoyo Normativo, una división en la que contratan los asesores que requiere el Concejo Municipal.

Para este año, la corporación asignó para esta Unidad $1.068’681.952, lo que equivale al 22% del presupuesto inicial asignado. “En consecuencia, el valor asignado para cada concejal que se encuentra sesionando fue de $56’246.418. Lo anterior no aplica para los concejales suspendidos”, explicó la secretaría general en respuesta a un derecho de petición.

Algunas personas que han trabajado como asesores del Concejo de Ibagué -en este periodo- han denunciado que algunos cabildantes exigirían dinero a sus ‘recomendados’. También hay un concejal (de los suspendidos) que acosaría sexualmente a las contratistas, pero ellas, por temor a perder el puesto, no se atreven a entregar las pruebas a los medios de comunicación y a las autoridades. Sus compañeros de cabildo saben muy bien de quién se trata, porque se lo admitieron a un periodista de EL OLFATO.

Finalmente, los directivos del Concejo controlan el presupuesto anual que bordea los $4.000 millones.

Los ‘negocios’ invisibles que la Fiscalía no ve o no quiere ver

Pero los honorarios por las sesiones en el Concejo son, como se dice en el argot popular, ‘chichiguas’ al lado de los grandes negocios que montan algunos corporados a través de la contratación estatal.

Fuentes de la misma corporación sostienen que lo primero que hacen los concejales ‘negociantes’ es crear fundaciones u organizaciones a través de testaferros para recibir contratos de la Alcaldía de Ibagué.

Otros, acuden a la vieja fórmula de conseguir un ingeniero para ‘gestionarles’ contratos en la Administración Municipal y así recibir su respectivo porcentaje, que va del 5 al 11 %, en promedio.

También transan a los alcaldes con puestos. Recientemente, la Procuraduría Regional del Tolima abrió una investigación contra los concejales que aprobaron la ampliación de la planta de personal de la Alcaldía, presuntamente, a cambio de cargos ofrecidos por el saliente mandatario Guillermo Alfonso Jaramillo.

“En Ibagué ha sido común que algunos concejales empiezan como opositores y de un momento a otro, de la nada, aprueban todo lo que venga de la Administración Municipal. O viceversa, apoyan todo, pero si el alcalde de turno no satisface plenamente su apetito burocrático, entonces se pasan a la “oposición” por puro oportunismo y no por convicción”, subraya el politólogo Edwin Martínez.

Para él, la política local se “costeñizó” hace rato. “Yo tengo la sensación de que en muchos sentidos la política electoral en el departamento se ha “costeñizado”, es decir, que las prácticas políticas que históricamente se han asociado a la política electoral de la Costa (Atlántica), con todas las modalidades de corrupción, han hecho presencia muy fuerte también aquí. Incluso observemos que aquí, como en la Costa, parece que la Política queda reducida a un ejercicio dominado por clanes familiares. Aquí tenemos nuestros propios Char, Gerlein, Nule y cosas por el estilo”, señala.

Por eso, ante este difícil panorama, son los electores los encargados de depurar el Concejo de Ibagué, ya que la Fiscalía seccional Tolima ha sido permisiva y en siete años y medio -los cuatro de Luis H. Rodríguez y los tres y medio de Guillermo Alfonso Jaramillo- no ha visto lo que ha pasado en esta oscura corporación.

“Me atrevo a decir que, quizás por la coyuntura que vive la ciudad, podría ser más importante para la salud de la democracia ibaguereña que se elija un Concejo de alta calidad, con mucha capacidad política y técnica, probados en el plano ético, con vocación de servicio público y dispuestos a hacer verdadero control político, no atado a pequeños intereses particulares, sino pensando en un verdadero proyecto de ciudad”, concluye el profesor Martínez.

Yo tengo la sensación de que en muchos sentidos la política electoral en el departamento se ha "costeñizado", es decir, que las prácticas políticas que históricamente se han asociado a la política electoral de la Costa (Atlántica), con todas las modalidades de corrupción han hecho presencia muy fuerte también aquí”