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Se conocen más detalles del proceso de extinción de dominio a Typsa por Juegos Nacionales

Nación
Autor: ElOlfato
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Luego de que EL OLFATO diera a conocer que la multinacional española Typsa salió definitivamente de Colombia por el escándalo de corrupción de los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué, este medio de comunicación obtuvo más detalles del proceso de extinción de dominio que se adelanta en contra de la compañía. 

De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, este requerimiento de extinción de dominio se elevó el día 15 de diciembre de 2017 y el 10 de enero de 2018 fue aprobado por el Juez Segundo Especializado de Extinción de Dominio. (Ver: Primera multinacional española que sale de Colombia por escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales de Ibagué)

Según la Fiscalía, el togado que lleva este caso determinó el traslado y solicitud de pruebas de los hechos en los que está involucrada la multinacional, que apareció en Ibagué en el año 2013 cuando la administración del detenido exalcalde Luis H. Rodríguez la contrató para que diseñara los escenarios deportivos que se construirían en la ciudad.

Así las cosas, en este proceso se afectaron 157 activos de la empresa española, por un valor aproximado de $8.500 millones. 

Dentro de esos activos fueron afectadas, entre otras, las sociedades Técnica y Proyectos S.A. TYPSA, TYPSA S.A.S. y TYPSACOL S.A.S., todas con asiento comercial y legal en Colombia, la primera es sucursal en el país de una sociedad española.

Es de recordar que el exasesor del Imdri, Orlando Arciniegas, buscó a los directivos de Typsa en Colombia para inflar el valor del contrato y de esta manera obtener las coimas que repartió entre sus colaboradores en la administración municipal, entre ellos, el exsecretario de Hacienda Oswaldo Mestre y el exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel, ambos condenados y recluidos en la cárcel de Picaleña.

El contrato se celebró por $11.500 millones, de los cuales cerca de $1.800 millones recibió Arciniegas, condenado a 27 años de cárcel. 

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