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Rodolfo y la corrupción

Profesor de filosofía del derecho Universidad de Ibagué

Por el famoso contrato de las basuras de Bucaramanga, en el país se debate si Rodolfo Hernández lucha contra la corrupción o es un corrupto hábil que dice una cosa y hace otra.

Leyendo el escrito de acusación de la Fiscalía y el pliego de cargos de la Procuraduría, encuentro algunos elementos que, junto con las permanentes afirmaciones genéricas que hace el candidato de nunca haberse robado un peso ni pretender hacerlo, obligan a distinguir en el debate el problema moral del problema jurídico.

Existe la tendencia, incluso en quienes no son abogados, a reducir estos asuntos a lo estrictamente jurídico porque creen que es la única manera de resolverlo; es más, se piensa que todo aquel que sea condenado legalmente también lo está moralmente y viceversa; desconocen que es precisamente en el mundo jurídico, tanto en el de los expertos como en el de los que balbucean con el derecho, donde afloran argumentos aparentemente válidos  para todos los gustos, lo que evidentemente desdice de la creencia que el derecho fue creado para hacer justicia.    

Consta en los documentos que Hernández en un hotel de Bogotá prometió a los representantes de una empresa que ellos ejecutarían el contrato de disposición de basuras y para eso debían también poner a alguien de confianza que hiciera la consultoría; así mismo consta que en una junta directiva el entonces Alcalde pidió que el contrato de consultoría se lo entregaran a determinada persona, como efectivamente ocurrió; también hay pruebas de que presionó al jurídico de la empresa para que aceptara la póliza de los contratistas interesados. Con estas pruebas, normalmente un abogado, a ojo de buen cubero, concluiría que existen por lo menos graves indicios de la responsabilidad de Hernández; ahora bien, si el abogado es petrista no solo dirá que los hechos son evidentes, sino que de estos puede “inferirse razonablemente” la ilicitud y el dolo y por tanto debe responder.

No obstante, si el abogado es rodolfista, dirá que, aun aceptando los hechos, de ellos no se puede concluir la antijuridicidad ni la culpabilidad y por lo tanto no habrá responsabilidad ni disciplinaria ni penal. En este debate, que también vale para los estrados judiciales y disciplinarios, seguramente nos la pasaremos varios años y mientras tanto el periodo presidencial termina.

Por eso creo que es más sincero e interesante el debate moral. En verdad el juicio moral debiera estar por encima del jurídico y prevalecer ante este, pues la moral se guía por principios universales mientras que el derecho lo hace por reglas acordadas; el derecho resulta necesario ante la tozudez de los hombres que, poseídos por las inclinaciones y apetitos de nuestra naturaleza, somos ambiciosos, no cumplimos con los deberes, queremos conseguir cosas sin trabajar y nos aprovechamos de las flaquezas de los demás. Pero un mundo moral, o por lo menos cercano a ella, es el de aquellos que no necesitan leyes, contratos escritos, licitaciones, jueces, fiscales, procuradores, contralores ni cárceles para actuar bien; ellos hablan de deberes no de derechos y por lo tanto la ley positiva no les importa; afirman que muchos han hecho daño a la sociedad o al erario público y no han cometido actos ilegales.

Ahora bien, así como es fácil para una mente clara saber cómo actuar, así mismo lo es para la gente del común entender si determinado político actúa bien; con la información clara de los hechos y una buena intuición podemos todos, letrados e iletrados, saber si hubo o no buena fe en la conducta de otro. El derecho, por el contrario, confunde.

Rodolfo Hernández no niega ninguno de los hechos mencionados, pero sí las conclusiones a las que llegó la Fiscalía y la Procuraduría; acepta que asistió a las reuniones que le endilgan, que presionó para que el contrato lo entregaran a determinada persona y que se enojó cuando no le aceptaban los documentos a un proponente; agrega sí, que su actuación se debió a que tenía el conocimiento que esa empresa era la mejor y el contrato el más conveniente negocio para la ciudad, pero de ninguna forma para los intereses de su hijo u otra persona. Yo tampoco veo pruebas que muestren claramente esas intenciones. De ser cierto que no quería beneficiar a nadie en particular sino a su ciudad, intuyo que detrás de semejante obstinación existió la convicción de estar actuando conforme a la moral.

Eso sí, advierto que jurídicamente la defensa es muy difícil porque no todo lo correcto moralmente es correcto jurídicamente. La moral la “hicieron” para llevar a los seres humanos al “cielo”, no para salvarlos de la cárcel. En el cielo hay muchos que estuvieron en la cárcel y en el “infierno” muchos que nunca fueron a la cárcel.

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