Renuncia abogado de Hidripav porque empresaria no tiene con qué pagar los honorarios

El abogado Luis Fernando Oliveros Villarreal, quien defendía los intereses del contratista de la Unidad Deportiva de la calle 42, presentó su renuncia ante Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri).  Hidripav allegó este lunes ante el Instituto el recurso de reposición a la sanción por $2.918 millones que le impuso la entidad por retrasos en la ejecución del contrato. (Ver: Imdri sancionó con $2.918 millones a Hidripav, empresa contratista de la Unidad Deportiva de la calle 42)

Oliveros Villarreal dimitió debido a que la representante de Hidripav, Sandra Helena Sólorzano, no ha podido pagar los honorarios pactados debido "a la precaria situación financiera" en la que se encuentra.

En una misiva radicada el Imdri, el abogado cuestionó el actuar del arquitecto Edwin Niño, quien es el supervisor del contrato de obra, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la gerente, Diana Cepeda.

De acuerdo con Oliveros Villarreal  la falta de información técnica en cuanto a los diseños fue "la causa real y eficiente que impidió ejecutar el objeto del contrato, en tanto no informó las reales condiciones del suelo, como así incluso lo llegó a reconocer Edwin Niño", advierte el jurista.

Agrega que esta información debió entregarla el consultor contratado por el Instituto y  que "en forma descarada" y aparentemente con el "propósito de encubrirlo", se le impuso al constructor que debía solucionar los faltantes, a pesar de que el contrato era de obra, y no de consultoría.

De la misma forma, señala a los funcionarios y servidores públicos de intentar "pretenden encubrir y ocultar la responsabilidad penal, disciplinaria, civil y fiscal que les cabe, por haber licitado en forma indebida un contrato cuyo enfoque no correspondía con la verdadera necesidad pública, en tanto no tenía por objeto reparar el vaso de la piscina para entregar funcionando en forma correcta el escenario, y el alto déficit presupuestal, lo cual impedía ejecutar el alcance pleno del objeto del contrato".

Por último, acusa a la directiva de "protegerse ante la opinión pública y desviar la atención con  convenientes sanciones" para ocultar lo que "debió hacer y no hizo, misma estrategia que ahora con saña nuevamente aplicó a este contratista, al que con su acción, lo postró en estado de liquidación, en lo que constituye hecho que demuestra lo que hace un estado abusivo y bribón", concluyó.