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Los más de $5.800 millones de multa que impuso la Contraloría a contratista que ejecuta obras en el acueducto de Rovira 

Miguel Antonio Cárdenas Sánchez tiene embargos, debe a proveedores locales y ha tardado seis años en construir el acueducto, sin que se le haya declarado el incumplimiento. 
Región
Autor: Redacción Ibagué
Autor:
Redacción Ibagué
Los más de $5.800 millones de multa que impuso la Contraloría a contratista que ejecuta obras en el acueducto de Rovira 
Foto: El Aguijón

La Contraloría General dejó en firme una sanción por $5.864 millones en contra de Miguel Antonio Cárdenas Sánchez al incumplir con los contratos para la adecuación de las oficinas del Banco Agrario en 2009. Además, de que no devolvió junto con sus dos socios los dineros del anticipo, causando un detrimento a las arcas del Estado.

Este contratista es el mismo que desde hace seis años ejecuta las obras para la optimización y construcción del acueducto de Rovira, y que debía ser entregado en un plazo de seis meses. 

Según la Contraloría General, la obra se ha suspendido en 14 oportunidades y ha sido prorrogada en plazo 10 veces, sin que la Alcaldía de Rovira, como entidad contratante efectuara las acciones para que se cumpliera con el plazo del contrato y, por el contrario habría hecho "caso omiso" a los oficios de la interventoría que advertían un incumplimiento desde 2016 a la fecha. 

¿Un contratista sin músculo financiero?

El contrato para la construcción del acueducto de Rovira fue suscrito al finalizar el primer mandato del actual alcalde Diego Andrés Guerra (2012- 2015 y 2020-2023). 

El valor de dicho contrato fue de $4.110 millones y a la fecha se le han desembolsado $3.315 millones al contratista. (Ver documento)

Fuentes de dicha localidad, advierten que a Miguel Antonio Cárdenas le registran varios embargos y adeuda recursos a proveedores de la localidad que fueron utilizados en la consecución del acueducto. 

Así lo reconoció el interventor de la obra, Norton Fernando Arenas, quien indicó que se tiene conocimiento de las deudas que tiene el contratista, pues varias personas se han comunicado para denunciar esta situación, pero desconoce cuál es el monto de las mismas. 

"La cuantía no la sé, pero conocemos que tiene embargos, cuentas pendientes y deudas", precisó el ingeniero. 

Al difícil panorama fiscal, se suma el millonario fallo -de segunda instancia- de la Contraloría General que da un llamado de alerta a los entes de control con respecto a este contratista.

¿Por qué no se ha sancionado?

Miguel Antonio Cárdenas Sánchez asumió la construcción del acueducto con la empresa Byr Construcciones la cual solo cuenta con un 30% de participación.

Según el ingeniero interventor, Fernando Arenas, el contrato continuará en ejecución, ya que Cárdenas es solo un integrante del consorcio y "la otra empresa está muy comprometida con la ejecución. Esperemos que no tenga problemas financieros", acotó. 

De acuerdo con el profesional, el contrato ya tiene un porcentaje de ejecución del 93% y se está a la espera de instalar unas válvulas de purga y alrededor de $2.600 micromedidores para culminar con la obra. 

"Estamos terminando un proceso con muchos inconvenientes, y estamos en la recta final. Esperemos que se termine y Rovira pueda tener por fin agua potable", señaló.

El contrato fue suspendido el 30 de julio de este año y por tanto las obras están paralizadas. 

"Se necesitan actividades que debe realizar el Municipio, como son la limpieza de tubería y la instalación de unas válvulas de control, para poder terminar con la instalación de la micro medición. Esperamos poder terminar todo el proceso a diciembre de este año", explicó Arenas.

Pese a que la obra ha sufrido múltiples tropiezos, el gerente de la Empresa de Aguas del Tolima, José Dayler Lasso, informó que la interventoría no ha solicitado multar o declarar el incumplimiento al consorcio. 

Sin embargo, el interventor lo niega. "En el transcurso de la ejecución, son varios los retrasos y nosotros como interventoría en varias oportunidades se ha solicitado decretar el incumplimiento", puntualizó. 

El detrimento

La Contraloría General en julio de este año determinó un posible detrimento por $505.087.535 por obras ejecutadas y pagadas que no han sido puestas en funcionamiento y por incumplir las especificaciones técnicas del contrato. 

La decisión se sustentó en que la planta de tratamiento fue pagada, pero no ha sido puesta en funcionamiento "por falta de elementos esenciales para su operación como el tanque homogeneizador, que no se encuentra interconectado con los lechos de secado. Además, el macro medidor está mal instalado".

De igual manera, por mala calidad en el suministro y aplicación de concretos en algunas calles, pues presentan fisuras. Esto generaría un detrimento por valor de $41 millones.  

La Contraloría General corrió traslado de los hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se investigue todo lo concerniente al contrato "debido a la deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución contractual por parte de la Administración Municipal en su deber de garantizar la ejecución eficaz y eficiente del objeto contratado en los términos y condiciones pactados; así como una gestión ineficiente del supervisor y de la interventoría al autorizar el pago al contratista de obras de mala calidad y sin certificación de funcionamiento de la PTAP".

No obstante, de acuerdo con la interventoría, el hallazgo se presentó porque la PTAP estaba en pruebas  y en este momento lleva más de tres meses en funcionamiento.

En cuanto a las fallas en el pavimento, el contratista ya las corrigió, puntualizó la interventoría. 

 

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