La improvisada compra de sim card para la conectividad de los estudiantes en el Tolima

La Contraloría General detectó varias irregularidades en el proceso de contratación y entrega de la Sim card para garantizar la conectividad a 24.571 estudiantes de las instituciones educativas públicas del Tolima.

Este proceso se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Educación Departamental el año anterior con una inversión de $1.499 millones. El objetivo era brindar internet de tres gigas por cinco meses a cada estudiante.

Según la Contraloría, en la vigencia anterior no se garantizó el servicio, pues la compra del internet móvil se materializó a finales de noviembre y principios de diciembre cuando ya se había terminado el año escolar.  La entrega inició el 26 enero de este año y en bloque.

Además, la Secretaría de Educación no realizó consulta previa con respecto a la cobertura de la red móvil en zonas urbanas y rurales del departamento, y pese a esto, adquirió la totalidad del servicio de internet con Movistar, donde la señal  en algunos sitios urbanos es deficiente y en varias zonas rurales no hay cobertura.

De igual manera, se añade que, la dependencia delegó en los rectores de las instituciones educativas la responsabilidad de la entrega de las sim card sin que se tuviera caracterizada a la población que necesitaba el servicio de internet.

Según el órgano de control, esto ha dificultado la labor de los rectores quienes han solicitado autorización a la Secretaría de Educación para hacer entrega del dispositivo a estudiantes de diferentes grados y que han manifestado falta de conectividad.

Por otra parte, se cuestiona que el Departamento no tiene la información consolidada del total de tarjetas entregadas a la población estudiantil por cada una de las instituciones educativas, determinándose que con corte al 30 de marzo aún faltaban por entregar 9.616 sim card las cuales se encontraban activadas.

Lo anterior, podría generar una pérdida de recursos por la suma de $202 millones por  el no uso del dispositivo desde la activación hasta la entrega al estudiante.

Por este motivo, la Contraloría General remitirá los hallazgos a la Procuraduría para determinar las faltas disciplinarias en que se pudo incurrir en la contratación y ejecución del contrato.

Es de destacar que, la Secretaría de Educación del Tolima informó que sí realizó las consultas previas en los mapas de cobertura de las empresas que se encontraban seleccionadas para la prestación del servicio, donde se estableció que por lo menos existían dos proveedores podían garantizar el servicio requerido en forma directa.