Hospital de Roncesvalles con las cuentas embargadas y los trabajadores en paro

La crisis financiera del hospital Santa Lucía de Roncesvalles tocó fondo. Los trabajadores iniciaron desde este sábado un cese de actividades de manera indefinida debido a que les adeudan dos meses de pago. 

Según información obtenida por EL OLFATO, el motivo del atraso en la nómina surge porque el centro asistencial tiene las cuentas embargadas por un pago judicial que alcanza los $1.000 millones.

A través de una carta dirigida a la gerente Diana María Arcos, el gremio asistencial informó que, desde las 7:00 de la mañana, no se iba a brindar servicios de consulta externa, farmacia, medicina integral, odontología, vacunación, laboratorio clínico y servicios generales. Solo se mantendrán las urgencias.

“Es de usted obligación como funcionaria a cargo de la E.S.E. brindar el pago oportuno de cada trabajador, ante situación actual se vulneran derechos laborales (sueldo del cual dependen muchos núcleos familiares)”, expuso el gremio asistencial del hospital Santa Lucía. 

Saldos en rojo

Ante el inminente paro declarado por los trabajadores, la gerente Arcos explicó la compleja situación del hospital, que tiene a cargo la atención de las comunidades del suroccidente del Tolima y que, según reciente clasificación del Ministerio de Salud, se ubica en categoría de alto riesgo financiero. 

A 30 de junio se sumaban pasivos por $1.349 millones debido a concepto de fallos judiciales, que llevan más de 10 años.

Uno de esos casos ocurrió en 2007 e involucró en un accidente la ambulancia del hospital que atropelló a un motociclista y su acompañante.

Aunque en 2012 se suscribió un acuerdo de pago por $245 millones, se incumplió parcialmente, por lo que los demandantes iniciaron un proceso ejecutivo, que fue resuelto a su favor en segunda instancia.

Una vez se actualizó el valor, la cifra llegó a los $1.018 millones.

A ello se suma que la decisión judicial de aplicar la medida cautelar de: “embargo de cuentas bancarias y la retención de dineros, actuación que hacen más gravosas la prestación del servicio fundamental de salud como una obligación del Estado”, explicó la gerente.

Las consecuencias es que no se ha podido pagar la nómina de los trabajadores, proveedores, el combustible de las ambulancias y los servicios públicos. 

“A pesar de que se solicitó al juzgado correspondiente el levantamiento de esta medida cautelar para poder continuar con la prestación del servicio fundamental para la población, no se ha recibido pronunciamiento alguno, poniendo en riesgo la prestación del servicio, advirtiendo un inminente cierre escalonado de servicios en los próximos días”, precisó Arcos.

Teniendo en cuenta la delicada situación, la gerente pidió la intervención y apoyo de la Secretaría de Salud del Tolima.