Denuncian irregularidades en concurso público de méritos de la UT

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) seccional Tolima denunció las presuntas irregularidades en el Concurso Público de Méritos para Profesores de Carrera 2024, convocado por la Universidad del Tolima.

De acuerdo con la organización sindical, el proceso vulnera principios fundamentales de la función pública como la transparencia, el mérito y el acceso en igualdad de condiciones.

"Los concursos se usan actualmente para beneficiar la consolidación de equipos de trabajo internos de apoyo a la administración, sin importar si ello redunda, o no, en el fortalecimiento del talento humano que conforma el estamento profesoral de la Universidad del Tolima. Lo único que se consigue con todo este tipo de irregularidades es generar desequilibrios en la transparencia del concurso y la libre concurrencia de los aspirantes en favor de terceros", indicó el comunicado.

Asimismo, ASPU aseveró que varios aspirantes han sido excluidos con base en requisitos excesivamente técnicos o contradictorios, como la exigencia de documentos emitidos por la misma universidad, lo que contravendría la normativa nacional.

"Si la Ley 30 de 1992 estipula en el artículo 70 que los concursos de méritos para nombrar profesores debe ser reglamentado por el Consejo Superior, es evidente que al permanecer en la representación, el Director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima (CERE) se encuentra frente a un evidente conflicto de intereses", puntualizó.

Finalmente, la asociación solicitó a las autoridades universitarias que se investiguen a fondo estas presuntas irregularidades y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la equidad en los futuros procesos de selección. 

"Como organización sindical nos sentimos en la obligación de defender los derechos de nuestros afiliados y de todos los participantes que sienten violentados sus derechos al participar en los concursos de méritos convocados en la Universidad del Tolima. Creemos firmemente que estos procesos deben ser gestionados en condiciones de igualdad y de manera ética y transparente, en cumplimiento de los principios establecidos en nuestra Constitución Política de 1991", concluyó el documento.