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Contraloría halló un presunto detrimento fiscal en contrato de Call Center de la Gobernación del Tolima

La empresa fue requerida para atender a los ciudadanos en el manejo de protocolo de COVID-19 del departamento.
Región
Autor: Ruddy Díaz
Autor:
Ruddy Díaz
Contraloría halló un presunto detrimento fiscal en contrato de Call Center de la Gobernación del Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima halló un presunto detrimento fiscal por más de $35 millones en un contrato de Call Center de la Gobernación del Tolima.

La Administración Departamental contrató a la empresa Unico Technology & Solutions S.A.S, por un valor de $577.858.050, para el suministro de información y atención de los ciudadanos en el protocolo de COVID-19 del departamento.

Dicha negociación se dio de forma directa, teniendo en cuenta las medidas adoptadas en materia de contratación por el Gobierno Nacional.

En este proceso, la Contraloría halló dos presuntas irregularidades que generarían un detrimento patrimonial y un proceso disciplinario que fue remitido a la Procuraduría Regional del Tolima. 

La Contraloría identificó que “Unico Technology & Solutions S.A.S., cumple con los requisitos establecidos para la celebración y ejecución del objeto contractual, además que cuenta con una experiencia de más de nueve años en la prestación de servicios de Call Center”.

Sin embargo, el ente control descubrió que en el contrato 495 de 2020, la Gobernación del Tolima expidió un documento denominado Estudio Previo y Estudio del Sector.

En dicha revisión establecieron que “no se encuentra la metodología o los parámetros tenidos en cuenta para establecer el valor de contrato, es decir, cómo la Gobernación concluyó que los servicios que iba a brindar a la comunidad tolimense a través de Contact Center le costarían la suma de $577.858.050”.

Además, la Administración Departamental presentó al ente de control un documento denominado costos del servicio, el cual no tiene firma responsable ni logo de la dependencia y sus valores son iguales a los que consagra la propuesta del contratista.

Por lo tanto, la Contraloría concluyó que la Gobernación del Tolima incumplió el principio de planeación establecido en el artículo 23 de la ley 80 de 1992 e incurrió un presunto daño patrimonial de $35.590.565 millones.

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