Contraloría General pone la alerta sobre las obras del acuerdo de paz en Ataco, Tolima

Las obras a ejecutar en el marco del acuerdo de paz a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Étnico y Territorial (PDET) en Ataco, podrían quedar a medias.

Esto, con base en un informe de la Contraloría que destacó el retraso en los proyectos que se ejecutan y la falta de planeación en las contrataciones.

Según el ente de control, a través de los PDET se suscribieron ocho contratos en el sur del Tolima por un valor de $19.000 millones. Aproximadamente siete de esos contratos corresponden a infraestructura y adecuación de tierras y comprenden el mejoramiento de vías terciarias, ‘placas huellas’, construcción de alcantarillas y un contrato sobre reactivación económica y producción agropecuaria.

La situación más crítica se presenta en el municipio de Ataco, donde la Contraloría determinó una presunta violación a los principios de la Ley de contratación con respecto a la eficiencia, eficacia, economía; así como deficiencias de planeación contractual relacionadas con los diseños y duplicidad de obras previamente contratadas.

Zona rural, la más afectada

El contrato 218 fue suscrito por la Alcaldía de Ataco por un valor de $1.047 millones con el consorcio Vías Ataco 2020. El objetivo era mejorar las vías terciarias en el marco de la implementación del acuerdo final de paz con un plazo de seis meses.

El acta de inicio se suscribió el 13 de octubre del 2020 y con corte a junio de este año su ejecución solo era del 8%.

Según el órgano de control, solo restaban 20 días para terminar la ejecución contractual; es decir, que al 5 de julio de 2021 se cumplió el plazo contractual y la obra se encontraba inconclusa.

Los sectores a intervenir son tres: La Hamaca - Agua Fría - Nueva Reforma; Paujil - El Brillante - Darién - Campo Hermoso - El Cairo - Sinaí; y Pomarroso – Cambrín.

Además, pese a que se ha requerido al contratista iniciar obras en los dos últimos tramos, se ha rehusado.

A lo anterior se sumaría, la posible falta de planeación en la fase precontractual, pues en el tramo uno se presentaron duplicidad de sectores a intervenir lo cual llevó a un replanteo de las vías a pavimentar.

De igual manera, en el contrato no se estableció la obligación de suscribir un contrato de fiducia para garantizar el control y la ejecución de los recursos.

Para la Contraloría esto podría llevar a la indebida gestión de los dineros del anticipo de la obra.

"La no entrega oportuna del proyecto de mejoramiento de las vías terciarias genera un impacto negativo a nivel social y económico a las comunidades rurales de los sectores de: La Hamaca, Agua Fría, Nueva Reforma, Paujil, El Brillante, Darién, Campo Hermoso, El Cairo, Sinaí, Pomarroso y Cambrín de Ataco, por tratarse de obras dirigidas a población beneficiaria de proyectos dentro de la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto", destacó el órgano de control.

Traslado a la Fiscalía

La Contraloría dio traslado de los hallazgos de este contrato a la Fiscalía, por el aparente delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. La decisión se sustentaría en la no constitución de la fiducia, lo cual vulneraría los bienes tutelados en favor de la administración pública.

De igual manera, a la Procuraduría por la posible vulneración de los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía, contemplados en el decreto 403 de 2020.

El otro 'entuerto'

Otro de los polémicos contratos es el de la construcción de ‘placa huella ‘en las veredas Balsillas y Nueva Reforma. Este proyecto fue viabilizado a través del OCAD Paz en 2018 y es financiado con dineros del Sistema General de Regalías.

El contrato lo adjudicó la Alcaldía de Ataco el 30 de noviembre de 2019 a la Unión Temporal Placa Huella Ataco, con un plazo de seis meses. La fecha de inicio fue el 26 de mayo del 2020. Esta obra tiene una inversión superior a los $4.665 millones.

Según la Contraloría, para abril de 2021 el avance del contrato solo era del 31,1% y una ejecución presupuestal de $1.451.082.486.

La interventoría la asume el Invías, que suscribió el contrato en octubre de 2019, pero solo inició en mayo de 2020, es decir, ocho meses después.

La Alcaldía Municipal no pudo justificar por qué la obra inició seis meses después. La excusa fue que la interventoría no había sido adjudicada, lo cual se contradice con el contrato suscrito por el Invías.

Sumado a esto, hubo modificaciones en los diseños, pues se debieron excluir algunos tramos porque existía un déficit de $479 millones.

"El acta de aprobación definitiva de los estudios y diseños se realizó el día 25 de febrero de 2021, la cual fue firmada por la interventoría y el contratista 275 días después del acta de inicio, lo cual indica que el contrato no contaba con los estudios y diseños definitivos como requisito legal esencial para la ejecución del mismo, situación que evidencia una deficiente planeación, lo cual tiene una presunta incidencia disciplinaria y penal", precisó la Contraloría.

De igual manera, se resalta que el plazo de ejecución ha sido superado en más de un 233% al inicial por lo cual no se cumplió con el objeto y contraviene el principio de eficacia.

Un contratista afortunado

El consorcio Vías Ataco es integrado por Ingeniería, Alcantarillado y Acueducto S.A.S y el ingeniero Benjamín Orlando Arana Osuna, quien hace parte de la misma empresa.

Este ingeniero también repite en la Unión Temporal Placa Huella. Ambos contratos, con atrasos en ejecución de las obras y que superan los $6.100 millones.

Arana Osuna ha suscrito numerosos contratos en el Tolima y la Contraloría General lo tiene vinculado a varios procesos de responsabilidad fiscal.

En una decisión reciente, la Contraloría General lo halló responsable junto al exalcalde de Ortega Óscar Roberto Neira Martínez (2012-2015) por deficiencias en la pavimentación de una vía en dicho municipio. El detrimento fue calculado en $407 millones. 

De igual manera, fue sancionado en 2019 por la no construcción de los muros de contención de las piscinas de la Unidad Deportiva de la calle 42 en Ibagué.

Asimismo, se encuentra vinculado a otro proceso en el municipio de Dolores por el presunto detrimento de $127.711.911 por fisuras y deterioro en el mantenimiento de la vía Los Mangos - San Andrés - El Carmen. Y finalmente, por irregularidades en la rehabilitación de la vía que comunica al casco urbano con la inspección de policía de la vereda La Vega de Los Padres, en Coello.