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Bajo el rótulo de “social, solidaria y sostenible” el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República la nueva reforma tributaria, dejando en evidencia, además de sus enormes cualidades para la creación de eufemismos, el cinismo con el que presentaron a los colombianos un esquema tributario altamente inequitativo, regresivo e injusto, en donde la clase media asume el costo de la continuidad de una serie de programas con dudosas bases de datos, logística y planeación.
Sostener subsidios a familias vulnerables y aumentar carga tributaria a la clase media, para que luego las familias de clase media se conviertan en nuevas familias vulnerables, termina siendo un juego de suma cero, donde la ganancia de una cosa se equilibra con la perdida de otra.
Esta reforma es fiel a la filosofía del 'Gatopardismo' adoptada por el gobierno Duque: “Cambiar todo para que nada cambie”.
El texto del proyecto de ley deja entrever las prioridades, metas e intenciones del ejecutivo. Poner a declarar renta a personas con ingresos mensuales de $2.500.000 pesos, gravar los pagos voluntarios de pensión, las cuentas de ahorro AFC, los servicios públicos, de internet, los servicios funerarios, entre otros, sumado a la progresiva pérdida del poder adquisitivo, cercena cualquier posibilidad de ascenso social, ridiculiza el criterio de solidaridad y hace insostenible el recaudo para los bolsillos de muchos ciudadanos.
Todo lo anterior sin olvidar que las exenciones realizadas a la gran empresa, consignadas en la reforma anterior, quedaron intactas.
Mientras la compra de bicicletas fue gravada con un IVA del 5%, una vasta lista de materiales de guerra fueron excluidos del impuesto sobre la venta (¡Prioridades!). Entretanto, se ufanan de no tocar los productos de la canasta básica familiar, pero amplían la sobretasa a la gasolina y el ACPM, medida que incrementará los costos de producción, transporte y por ende, de los alimentos. –Cambiar todo para que nada cambie-.
Con lo anterior, entre otras medidas, se busca recaudar $26 billones de pesos, de los cuales $17 billones provendrían de gravar la renta en personas naturales y solo $3.7 billones le corresponderían a las empresas.
Esto con el propósito de “abonar terreno” a los 95 billones de déficit fiscal que poseen las arcas del Estado, el cual nace principalmente de los $50 billones que anualmente se pierden en corrupción y de la dependencia que el Estado adquirió del combustible fósil durante la bonanza petrolera, ingreso fuertemente golpeado por la estrepitosa y sostenida caída del crudo.
Nótese una ironía de crasas proporciones: en los diagramas o planos que clasifican la ideología, aumentar el gasto público e incrementar los impuestos son conductas generalmente atribuidas a la izquierda. ¿No era ese el “coco” del que nos querían salvar?. ¿No era acaso el lema de campaña “mas salarios, menos impuestos”?.
Por último, un ejercicio sensato sería replantear, al menos, tres elementos:
- Por supuesto que los efectos económicos de la pandemia hicieron de los subsidios una necesidad, el problema yace en que la base de datos es mediocre, la logística es regular y no existe claridad en su propósito. Un subsidio no es dar plata sin más.
- El costo del gasto social no debe ser asumido exclusivamente por la clase media, existen otros sectores con mayor capacidad de pago y poco tenidos en cuenta a la hora de recaudar.
- Es de extrema necesidad tomar medidas drásticas contra la corrupción, esa es la verdadera y urgente reforma que necesita el país.
Ojalá esta vez el congreso en pleno se comporte a la altura de una discusión que apenas comienza.
