Pasar al contenido principal

Racismo y medios de comunicación: Caso del programa de televisión Séptimo Día

Un fallo de la Corte Constitucional obliga al Canal Caracol, a su programa "Séptimo Día" y a su director Manuel Teodoro a rectificar la información descontextualizada y tergiversada que sobre los pueblos indígenas de Colombia difundieron durante tres domingos seguidos, entre el 26 de julio y el 10 de agosto de 2015. El fallo fue dado a conocer por la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC– y el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC– el pasado 5 de noviembre, a través de un comunicado que publicaron en sus páginas Web.

Para quienes no lo recuerdan, el programa Séptimo día emitió un especial de tres entregas denominado ‘Desarmonización: la flecha del conflicto’ en el que se presentaron los resultados de una supuesta investigación periodística llevada a cabo durante seis meses por Alejandra Rodríguez en la Guajira, el Cesar y el Tolima, y por Gloria Lozano en 13 municipios del Cauca. Digo ‘supuesta’ porque una verdadera investigación solo puede dar lugar a productos serios y respetuosos tanto de la audiencia como de los involucrados en el tema estudiado, y este no es el caso. (Ver enlace)

De acuerdo con Henry Caballero Fula, integrante de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN, quien adelantó un análisis del contenido del especial televisivo, “el programa claramente busca atacar los derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional, como la Autonomía, la Consulta previa, la Jurisdicción indígena y las Entidades Territoriales”. Tal es el golpe que la miniserie le da a los pueblos indígenas que Caballero Fula propuso renombrarla Séptimo día: Basucazo mediático contra los derechos indígenas”.

En el especial se plantea que los pueblos indígenas son incapaces de ejercer el derecho a la autonomía territorial y jurídica, que el Estado colombiano les otorgó, supuestamente de manera unilateral, expedita y, sobre todo, generosa a través de la Constitución Política de 1991. De entrada se borra la larga historia de luchas que los pueblos indígenas han librado por el reconocimiento de sus derechos, así como los muertos que han puesto en dicho proceso.

Teodoro y su equipo periodístico manifiestan que el sistema de jurisdicción especial indígena es completamente arcaico, exótico, ineficaz y, lo que es peor, injusto, pues según ellos es cómplice de los delincuentes a quienes encubre y beneficia. También, que los pueblos indígenas son un gran obstáculo para el desarrollo económico del país, ya que, según los periodistas, permanentemente se oponen a la ejecución en sus territorios de obras de infraestructura o de explotación de recursos que benefician a los colombianos en general.

Finalmente, señalan a los indígenas como delincuentes roba-tierras que afectan en gran medida a los ‘campesinos mestizos’ de las zonas aledañas a resguardos; y catalogan a sus dirigentes como corruptos, responsables únicos de los problemas sociales que afectan a sus comunidades, en últimas, incapaces de administrar los recursos provenientes de la nación.

Séptimo día concluye que el Gobierno Nacional debe intervenir y revaluar la autonomía indígena que está generando tantos perjuicios a la sociedad colombiana. En otras palabras que se reemprenda una campaña para la reducción de estas comunidades a la vida “civilizada” y se inicie un proceso por medio del cual se sometan completamente a la justicia ordinaria “blanca”, la de raíces romanas, la construida por ciudadanos “ilustres” de la República, esa misma justicia que ha permitido históricamente la impunidad de los delitos más atroces cometidos en el país.

Para sustentar estos planteamientos, las periodistas de la miniserie consultaron fuentes de “alta credibilidad y prestigio”, entre las que se encuentran la Senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia Laserna, miembra insigne de la casta conservadora caucana, nieta del expresidente Guillermo León Valencia y por ende parte de una familia terrateniente que a lo largo de la historia se ha dedicado a acaparar las tierras de indígenas y de campesinos.

Cabe recordar que meses antes de la emisión del programa en cuestión, esta senadora hizo público su repudio hacia los indígenas al proponer, sin vergüenza alguna, la idea de dividir el departamento del Cauca en dos: “Uno indígena, para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”.

Otra fuente que ocupa un espacio importante en el especial televisivo es Diana Perafán, quien relata una serie de denuncias infundadas en contra de autoridades indígenas y a quien el programa muestra como líder indígena del Cauca. Perafán se ha autorreconocido como indígena y por ello hizo parte de la Organización de Pueblos Indígenas de Colombia, OPIC, cuya conformación fue gestionada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de fracturar las organizaciones históricas de larga trayectoria como el Consejo Regional Indígena del Cauca, a través del desprestigio y la estigmatización de sus luchas, métodos y autoridades. En el momento de la grabación del programa de Séptimo día, Perafán había sido denunciada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por los delitos de injuria y calumnia en el caso de la masacre del Nilo.

Como se ve, este es un claro ejemplo de las múltiples expresiones de un racismo remozado que sigue legitimando la división y jerarquización de la población, por cuestiones fenotípicas, pero sobre todo por sus características culturales. Tal como ocurría en el sistema de castas de la colonia y en la estructura jerárquica racial que perduró tras la instauración de la República, hoy los pueblos indígenas son ubicados en la base de una pirámide social de un país que se proclama pluricultural pero que funciona a partir de un Estado monocultural en el que la única matriz de pensamiento, el único tiempo histórico y la única forma de organización social válida es la desarrollista “occidental”. Un Estado que históricamente se ha dedicado al despojo cultural, al exterminio poblacional y a la expulsión de las comunidades cuyos sistemas de organización y de producción se oponen radicalmente al dominante.

Revisemos algunas afirmaciones racistas que hacen las periodistas y las fuentes del programa: “Según el DANE, así como esta niña Wayú, el 44% de los indígenas en todo el país son analfabetas en comparación con el 8 % de la sociedad normal”, “mientras en la población colombiana los índices de suicidio son de 4,4 por cada 100 mil habitantes, entre los pueblos indígenas la tasa se eleva a 500 por cada 100 mil”, “¿usted cree que hace falta mano dura para los indígenas?” Alejandra Rodríguez (periodista); “exceso de zonas grises y de situaciones de anarquía que se viven en las comunidades indígenas propicia obviamente situaciones de degeneramiento” Alfredo Rangel (Congresista por el Centro Democrático).

Si bien la sentencia de la Corte no hace referencia explícita al racismo en el que incurrió el programa Séptimo Día y parte de sus fuentes, su proferimiento es de gran importancia pues por primera vez en la historia de Colombia un medio masivo como Caracol se ve obligado a corregir las mentiras divulgadas sobre un grupo étnico y a “adoptar un manual de ética escrito que incluya unas reglas mínimas para abordar temas relacionados con grupos étnicos, minorías sexuales y demás sujetos tradicionalmente estigmatizados dentro de nuestro contexto social”.

Sobre este asunto hay trabajo adelantado, se debe recordar que los pueblos indígenas de Colombia formularon entre 2013 y 2014 su política pública de comunicación, en la cual definieron las condiciones fundamentales que deben configurarse en el país para garantizar el pleno ejercicio de su derecho a la comunicación y, en esa vía, al territorio y a la vida; así como las responsabilidades que el Estado debe asumir al respecto. Tal política busca contrarrestar el poder del sistema comunicativo dominante en Colombia, particularmente el mediático, para nada ajeno a la estructura de la propiedad de la tierra, de las entidades financieras y las grandes empresas del país, que limita al extremo la posibilidad de visibilización o difusión de los sentidos, ideas, pensamientos, planes y propósitos que los pueblos indígenas han venido construyendo sobre y para ellos, como sobre y para el país entero.

Diversos sectores sociales cuentan desde ahora con una valiosísima herramienta jurídica que les permitirá seguir librando la batalla contra el oligopolio mediático privado colombiano que de manera impune discrimina, excluye, estereotipa y miente. Ojalá que Manuel Teodoro, Alejandra Rodríguez, Gloria Lozano y el resto del equipo de Séptimo día, demuestren su ética profesional y lleven a cabo las instrucciones dadas por la Corte Constitucional. Ojalá se tomen un tiempo para reflexionar y darse cuenta que la forma en que ellos entienden el mundo no es la única, es una entre millares.

© 2021 All reserved rights.
Diseño y desarrollo web por Micoworker