Proyecto de casas fiscales de la Policía en San Luis causó un detrimento de más de $5.000 millones: Contraloría

La Contraloría General de la República determinó que el proyecto de casas fiscales de la Policía, en el municipio de San Luis, generó un detrimento fiscal por $5.364 millones.

El daño fiscal se causó, según el ente de control, “por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional, a través del Fondo Rotatorio de la entidad, en la construcción de un proyecto de 51 casas fiscales en San Luis (Tolima)”.

Al parecer, las casas no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad, debilidades que se presentaron al momento de planeación y ejecución de la segunda etapa del proyecto denominado ‘Ciudadela Policial Cenop’, lo que ocasionó la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma.

Las viviendas inconclusas estaban destinadas a familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Parte del posible detrimento patrimonial encontrado, manifestó la Contraloría, corresponde a lo invertido en obra ($5.132 millones) y el resto a la interventoría ($231 millones).

Estos contratos de obra y de interventoría fueron suscritos en diciembre de 2012, el primero con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Un hecho llamativo para la Contraloría es que para la construcción de las 51 viviendas se dio un plazo de ejecución de apenas tres días, por cuanto el acta de inicio es del 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2012, deficiencia de planeación que llevó a realizar cuatro prórrogas.

La obra está abandonada hace aproximadamente cuatro años y, según el organismo de control, no se evidencia gestión alguna para su terminación y el cumplimiento de los fines para los cuales se hizo esta millonaria inversión.

Antecedentes e irregularidades encontradas por la Contraloría

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad adelantó esta Actuación Especial de control fiscal sobre los recursos invertidos por el Fondo Rotatorio de la Policía, para la construcción del proyecto en el municipio de San Luis.

Fue así como efectuó una revisión desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero a los contratos celebrados desde el momento de su planeación (vigencias 2010 – 2011) y ejecución (2011-2015) hasta la fecha, concluyendo -como se indicó antes- que existió un daño fiscal en la Fase II por valor de $5.364 millones.

Verificando los antecedentes de la obra, se determinó que inicialmente la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, estableció la necesidad de 51 viviendas que conformarían la segunda etapa del proyecto ‘Ciudadela Policial Cenop en San Luis’.

Para este efecto, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía –FORPO, gestionaron y destinaron un total de $7.000 millones: $6.697 millones para obra y $302 millones para interventoría.

Para lo anterior se celebraron en el mes de diciembre de 2012 dos contratos: el de obra con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el de interventoría con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, respectivamente.

El acta de inicio tiene fecha 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre (tres días).

Por esta deficiencia de planeación se debieron realizar cuatro prorrogas, así:

• El 31 de diciembre de 2012 por seis (6) meses, hasta el 30 de junio de 2013.
• El 28 de junio de 2013 por cuatro (4) meses, hasta 28 de octubre de 2013.
• El 31 de diciembre de 2013, hasta el 30 de mayo de 2014.
• El 30 de mayo de 2014, hasta el 28 de agosto de 2014.

Estas prórrogas en tiempo no modificaron la forma de pago. Por lo tanto, no existe relación entre las prórrogas otorgadas, la forma de pago pactada y los recursos presupuestales apropiados, lo que condujo a que la Reserva Presupuestal expirara, quedando desfinanciada la obra.

Las anteriores debilidades evidenciadas, tanto en la etapa de planeación como en la de ejecución, ocasionaron la desfinanciación de la obra y al no existir recursos para terminarla, vino consigo el abandono de la misma.

Aunque la Contraloría no ha definido a los presuntos responsables fiscales del caso, sí comunicó el hallazgo al general Óscar Atehortúa, director de la Policía, quien es investigado por la Procuraduría por estos mismos hechos, pues ejercía como director del Fondo Rotatorio de la Policía al momento de celebrar estos contratos.