Procuraduría pidió a la Fiscalía tramitar la extinción de dominio en contra de Typsa

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar los trámites de extinción de dominio en contra de la compañía española Typsa, salpicada en el desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015 en Ibagué. (Ver: Aparecen los correos que probarían que Typsa España avaló pago de sobornos en Ibagué)

La petición la hizo fundamentada en que "la justicia condenó a servidores públicos de Ibagué que cometieron actos de corrupción en la celebración de contratos relacionados con el proyecto de los XX Juegos Nacionales y IV Para Nacionales", como es el caso de Carlos Heberto Ángel, exgerente del Imdri, condenado a pagar 12 años de cárcel por recibir coimas por cerca de $300 millones de la multinacional Typsa. (Ver: Confirman sentencia a 12 años de prisión en contra de Carlos Heberto Ángel)

"En las sentencias quedó comprobado que los representantes de esa firma española pagaron sumas de dinero a servidores públicos de la administración de Ibagué para obtener la adjudicación de un contrato" subrayó la Procuraduría en un comunicado de prensa.

Según la Fiscalía, esta compañía europea pagó cerca de $1.776 millones al condenado abogado Orlando Arciniegas Lagos para que los favoreciera con la adjudicación del contrato de estudios y diseños de los inconclusos escenarios de los Juegos Deportivos Nacionales de 2015, y por los que la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez pagó $11.500 millones. (Ver: Alcaldía de Ibagué denuncia a Typsa y pide que el proceso lo asuma la Fiscalía en Bogotá)

Arciniegas, cerebro de la operación, repartió el botín entre sus colaboradores y testaferros, entre ellos, Carlos Heberto Ángel y Oswaldo Mestre, exgerente del Imdri y el exsecretario de Hacienda de Ibagué, respectivamente. (Ver: Oswaldo Mestre habría recibido una coima de $450 millones por favorecer a Typsa)

"Para el Ministerio Público todos los contratistas o interesados en contratar con el Estado tienen el deber constitucional y legal el obrar de buena fe, con toda lealtad y probidad, en cada una de sus  actuaciones. El incurrir en conductas como las descritas no solo acarrea la imposición de sanciones penales y administrativas, sino también de carácter patrimonial como la extinción del dominio de sus bienes", agregó.

Finalmente, anunció que "vigilará la conducta de los particulares en la contratación estatal, e intervendrá con toda decisión cuando se configuren conductas que la lesionen".

No obstante, resulta contradictorio que el procurador Fernando Carrillo haga este tipo de anuncios cuando este ente de control no ha sancionado a ninguno de los exfuncionarios de la oscura administración del exalcalde Luis H. Rodríguez que participaron en el desfalco más grande en la historia de Ibagué.