Procuraduría le pone la lupa al contrato de seguridad vial de la secretaría de Tránsito

La Procuraduría Provincial de Ibagué inició acción preventiva en el proceso que adelanta la secretaría de Tránsito municipal para entregar a la Corporación Emprender, un contrato por 499 millones 999 mil 440 pesos para la realización de una campaña de prevención y seguridad vial, entidad que no tendría experiencia en el área.

Este miércoles un equipo de la Procuraduría, encabezado por la procuradora provincial Ligia Aguilar, acudió a la oficina de contratación de la Alcaldía de Ibagué y tomó copia de cada documento del polémico proceso adelantado por Martha Pilonieta, jefe de la cartera de Tránsito municipal.

Ahora, inicia un proceso de evaluación para determinar si se abre o no investigación disciplinaria contra los funcionarios involucrados en este proceso. La Procuraduría también evaluará las pruebas aportadas por este medio de comunicación, como por ejemplo, la grabación del representante legal de la Corporación Emprender, Eduardo Macana, quien admitió que mno tenían experiencia en el desarrollo de este tipo de campañas. (Ver: Empresa constructora de pozos sépticos se gana contrato de $500 millones para seguridad vial en Ibagué)

No fue una adjudicación a dedo: Pilonieta 

La secretaria de Tránsito, Martha Pilonieta, dijo en una entrevista para la emisora Ondas de Ibagué que “la administración Camino a la Seguridad Humana tiene la tranquilidad que se cumplió con todos los requisitos legales. (…) No fue una adjudicación a dedo”.  La funcionaria fue enfática en señalar que en el concurso de méritos adelantado, tuvieron en cuenta “la parte intelectual y la experiencia” del proponente.

Agregó que la Corporación Emprender tiene experiencia en capacitación, sensibilización y formación en cualquier área, y que el futuro contratista  “se ha unido con otras personas que tienen experiencia en temas de seguridad vial”.

Además, sostuvo que la empresa Terra Mater, consultores en tema de seguridad vial, será la líder del proyecto. No obstante, según fuentes de la Procuraduría y abogados expertos en contratación pública, aseguraron que la experiencia debe ser acreditada por la empresa que ganó el contrato y no por los subcontratistas.