Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del exsecretario de Planeación de Ibagué
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La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del exsecretario de Planeación de Ibagué Juan Gabriel Triana Cortes por la suscripción del contrato 2401 de 2013 con el consorcio Constrico y cuya representante es Amparo Medina Mona.
El objeto del contrato era la construcción de obras para la captación de agua en las veredas Peñaranda y Cataimita que se conectarían con el acueducto de Acuaboquerón y poder garantizar el agua a los 1.100 apartamentos que construyó el Gobierno Nacional, denominado multifamiliares El Tejar.
El primer cargo endilgado y a título de culpa gravísima hace referencia al haber celebrado el contrato sin que previamente se hubiese obtenido la licencia ambiental o los permisos ambientales expedidos por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima.
Según la investigación, el contrato tuvo acta de inicio el 27 de diciembre de 2013 y solo hasta abril y junio de 2014, a través de dos resoluciones, la CAR otorgó la concesión de aguas superficiales, ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal al proyecto.
Los permisos ambientales, señala el documento, debían estar emitidos para la elaboración de los pliegos de condiciones o, para la iniciación de la ejecución del contrato, lo que no ocurrió.
“Se ha precisado que para el despacho el investigado, como ordenador del gasto por delegación en el municipio de Ibagué Tolima, inobservó normas de la contratación estatal, en especial los principios de economía y responsabilidad, como quiera que como ha quedado reiteradamente consignado para el momento de la suscripción del contrato y luego en la ejecución del mismo, no se habían expedido por la autoridad ambiental la licencia correspondiente; conducta que constituye una falta disciplinaria que el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 considera como gravísima, por "... participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa", resalta el documento.
El segundo cargo, es por haber adicionado el contrato, en más del 50% de su valor inicial, contraviniendo el artículo 40 de la Ley 80 o de contratación estatal y que advierte "los contratos que celebren las entidades estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales".
El contrato fue suscrito por un valor inicial de $1.863 millones, pero fue adicionado en dos oportunidades: la primera en octubre de 2014, por la suma de $931.658.660, y la segunda, en marzo de 2015 la segunda por $693.474.687.
El total de la adición fue de $1.625.133.347, que supera ampliamente el 50% del valor inicial.
La Veeduría Agua Para Ibagué (V.A.P.I.) denunció este hecho ante la Procuraduría Provincial y cuyo documento fue tomado en cuenta por la Procuraduría, al igual que la queja presentada por el líder de la vereda Cataimita, Walter Martínez.
La Procuraduría compulsó copias para que se investigue al interventor del contrato Manuel Ignacio Zarate Rojas.
