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Ibagué es una ciudad pequeña, sin memoria, conformista y sin entes de control. Estas cuatro características la hacen atractiva para cualquier político y la convierten en un verdadero paraíso para la corrupción administrativa.
Al ser una capital de departamento pequeña, ganarse unas elecciones no resulta complicado, sobre todo con el altísimo abstencionismo.
Hace cuatro años, por ejemplo, había cerca de 417.000 personas habilitadas para votar y, de ellas, solo 46.569 determinaron que el ingeniero Andrés Hurtado era el mejor preparado para conducir la ciudad. Lo eligió poco más del 10 por ciento de los ciudadanos incluidos en el censo electoral.
Por esa indiferencia de las mayorías, algunas estructuras criminales dedicadas a la política montan estrategias electorales soportadas en dinero en efectivo para comprar líderes, votantes, medios de comunicación y, posiblemente, hasta organismos de control para que miren hacia otro lado.
La inversión para una Alcaldía como la de Ibagué es de aproximadamente $3.000 millones, recursos que salen de aportes de megacontratistas y coimas. Con este dinero, bien distribuido entre 40.000 o 60.000 votantes, aseguran el triunfo en las urnas.
Así se calcula el ‘negociazo’ de ser alcalde de este paraíso de la corrupción. Y lo mejor de todo es la rentabilidad. Una inversión de $3.000 millones se recupera con creces. Ibagué tiene un presupuesto cercano a los $4 billones, en los cuatro años de gobierno.
De modo que: ¡hagan la operación matemática! Apliquen el 10 o el 15 % de $4 billones y se darán cuenta porqué esta ciudad pensiona anticipadamente exalcaldes, deja exsecretarios de despacho millonarios y pocas veces hay condenas por delitos contra la administración pública. El dinero también alcanza para distraer, silenciar o someter la justicia local y los entes de control.
Salvo en el caso de los Juegos Deportivos Nacionales del año 2015. En este escándalo hubo un par de condenas relevantes, como la de Orlando Arciniegas, quien fue condenado a 27 años de prisión por el desfalco que montó con otros poderosos que hoy están a la espera de una sentencia o en libertad y protagonizando campañas electorales.
El vergonzoso papel de los órganos de control
En Ibagué parece que existiera un pacto para no vigilar. El Concejo Municipal es un comité de aplausos, integrado, en buena medida, por personas sin preparación académica, sin vergüenza y con hambre de poder.
La Personería de Ibagué está en manos de una señora llamada Johanna Ardila, que luce muy elegante en las fotos que publica en sus redes sociales, acompaña al alcalde Andrés Hurtado a muchos eventos -como si fuera su asistente, porque le da ordenes en público- y que se ha dedicado a viaticar por Colombia y el mundo.
Ella debería vigilar disciplinariamente a los funcionarios de Hurtado, pero su gestión parece un chiste.
Y el panorama en la Contraloría de Ibagué no es mejor. La titular de ese despacho, Margarita Murcia, está siendo investigada por la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción y extorsión que denunció el alcalde Andrés Hurtado el año pasado.
¿Raro que la Fiscalía corra ante las denuncias que hace el mandatario y las que se hacen en su contra no tengan, aparentemente, la misma celeridad?
A propósito de la Fiscalía Seccional Tolima, fuentes de entera credibilidad le revelaron a este editorial que la unidad de delitos contra la Administración Pública fue desmantelada y que solo queda un fiscal experimentado liderando los expedientes, pero con un ritmo muy lento, presuntamente, por exceso de trabajo.
Para apoyarlo a él, recientemente llegaron dos fiscales más, quienes venían de atender delitos menores y casos abuso sexual, pero, sin ninguna experiencia en contratación pública.
¿Será por eso que el alcalde Andrés Hurtado dijo enfáticamente que no tiene ningún proceso penal por malversación de recursos públicos? ¿Cómo lo sabe y por qué lo expone en público con ese nivel de certeza?
