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¿Inversionistas privados compraron la Contraloría de Ibagué sobornando concejales?

La elección unánime de la caqueteña Margarita Murcia fue sorpresiva y testigos aseguran que su esposo tuvo mucho que ver con el proceso.
Poder
Autor: Unidad Investigativa
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Unidad Investigativa
¿Inversionistas privados compraron la Contraloría de Ibagué sobornando concejales?
Foto: Concejo de Ibagué

El silencio del Concejo de Ibagué sobre el duro enfrentamiento que hay entre el alcalde Andrés Hurtado y la contralora Margarita Murcia dice mucho.

Ningún cabildante ha tomado partido públicamente hacia alguno de los dos bandos enfrentados, pese a la gravedad del caso. Ni respaldan a Hurtado ni cuestionan a la señora Murcia por las delicadas acusaciones que ha hecho el mandatario en su contra. (Ver: Alcalde Hurtado arremetió contra la Contralora de Ibagué: dijo que su marido usurpa sus funciones y habló de presuntas extorsiones)

Y es que no es un asunto menor. Nunca antes en la historia reciente de la ciudad, un alcalde había insinuado que la contralora de turno fuera una extorsionista. Pese a ello, el Concejo Municipal ha preferido pasar de agache. ¿Por qué? (Ver: Milton Restrepo le hace la segunda a Hurtado y embiste de nuevo a la Contralora de Ibagué: “no pueden chantajear la administración pública”)

“El marido de la contralora llegó preguntando por el presupuesto”

El día 11 de marzo de este año, después de que Margarita Murcia tomara posesión como Contralora de Ibagué, se dirigió al tercer piso del Palacio Municipal a conocer su nuevo despacho. Iba acompañada por su marido Antonio Fajardo Rico, señalado por el alcalde Hurtado de ser el poder detrás del poder en este ente de control.

Dos fuentes de la Contraloría Municipal que estuvieron en ese momento, y que accedieron a hablar con periodistas de EL OLFATO, revelaron hechos comprometedores que le darían la razón al mandatario local.

“Cuando ellos entraron al despacho (Margarita Murcia y su esposo), saludaron y lo primero que dijo el señor Fajardo fue: muéstrenme el presupuesto. De inmediato, le imprimieron el presupuesto y se disgustó al ver que para esa fecha -marzo de 2022- ya tenían buena parte de los recursos comprometidos y los contratos iban hasta julio, en la mayoría de los casos”, aseveró una de las fuentes.

Ese episodio fue la primera señal de lo que vendría en la Contraloría de Ibagué. Después, agregan los testigos, el abogado Antonio Fajardo tomó las riendas de la entidad y comenzó a llamar uno por uno a los contristas para hablar sobre sus vinculaciones.

“Él se sentaba en el despacho de la contralora, siempre tenía en sus manos papeles oficiales, al parecer, con la distribución presupuestal de 2022, y hablaba con la gente sobre la continuidad de sus contratos. Él decía: Miren cómo nos dejaron el presupuesto, tenemos que reducir tal gasto o sencillamente no pueden continuar”, comentó la otra fuente, quien pidió mantener su nombre en reserva.

Fajardo también sería el responsable de la salida masiva de profesionales tolimenses de los cargos directivos de la Contraloría de Ibagué, puestos que fueron ocupados por personas provenientes del Caquetá como él y su esposa.

“Por eso es que nadie se atreve a decir nada de lo que ocurre en la Contraloría. Él trajo a toda esa gente para que les guardaran la espalda. Y los pocos funcionarios del Tolima, que están en cargos de planta, prefieren comer callados porque están próximos a pensionarse. A ellos solo les importa su pensión y no se piensan enredar con la señora Murcia y el marido. Además, dicen que el señor es como peligroso”, anotó la misma fuente.

¿Compraron la Contraloría de Ibagué?

Y después de esta reseña de hechos sospechosos, tanto del silencio del Concejo de Ibagué como del contralor a la sombra que tiene la ciudad, surge la hipótesis más oscura del novelón que protagonizan Andrés Hurtado y Margarita Murcia.

“La información que hay en el mundo político es que esa Contraloría de Ibagué la compraron y por eso llegaron a recuperar el dinero invertido, no solo ejecutando el presupuesto oficial y nombrando personas del Caquetá en cargos directivos, sino también apretando funcionarios para que suelten el billete”, dijo una tercera fuente relacionada con el Concejo Municipal.

Según lo dicho por las fuentes, lo que hubo fue una inversión privada de recursos con el propósito de recuperar en el menor tiempo posible lo que se pagó por la entidad oficial.

“¿Cómo se explica que 18 de 19 concejales se hayan puesto de acuerdo para votar por una señora del Caquetá que nadie conocía, que ha tenido una discreta carrera pública, que no sabe ni hablar -por eso no concede entrevistas- y quien le entregó todo el manejo a su marido? Esa unanimidad pocas veces se había visto en una votación en el Concejo de Ibagué. Para ponerlos de acuerdo a todos debió haber algún incentivo económico. Porque ni puestos les ofrecieron. Los cargos directivos, que son los que ellos piden, están en manos de caqueteños”, agregó.    

El único que votó por otro candidato fue el exconcejal Rubén Darío Correa.

Los concejales Arturo Castillo y Eduard Toro, quienes fueron determinantes en el concurso de méritos y la posterior elección de la señora Murcia, negaron haber recibido dinero por sus votos.

Toro aceptó la pregunta de manera tranquila, pero Castillo, del partido Conservador, se declaró ofendido por el cuestionamiento. “Me parece atrevida su pregunta, la verdad”, dijo.

Luego, afirmó: “Recuerde que por la Dra. Egna (sic) Margarita votaron no solamente los concejales del gobierno, sino también los concejales independientes, algunos de la oposición. En total, 18”.

Precisamente eso que destaca Castillo es lo misterioso del asunto: ¿cómo hizo la contralora Murcia o su esposo para ponerlos de acuerdo, sin tener arraigo en la región ni amigos políticos? 

Ante los delicados hechos, EL OLFATO ha buscado insistentemente a la contralora Margarita Murcia para que responda cada una de las acusaciones que hay en su contra, pero ella no contesta los mensajes de los periodistas y tampoco entrega declaraciones. 

Lo cierto es que la funcionaria tendrá el año entrante un presupuesto de $3.985 millones  y los concejales que la eligieron se mantendrán en la cómoda silla de espectadores, mientras la ciudad sigue oyendo de más casos de corrupción administrativa. 

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