
Opinión
Pavimentar campañas políticas
Andrés Tafur Villarreal
Profesor de la Universidad del Tolima
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La Gobernación del Tolima no es responsable de la malla vial de Ibagué. No tiene obligación institucional alguna y, aunque la tuviera, carece de los recursos para asumirla. Quienes insisten en lo contrario, o desconocen la realidad presupuestal de las dos entidades territoriales o simplemente actúan con irresponsabilidad. Se trata de operadores políticos que lejos de propender por un uso eficiente de los recursos públicos, están dispuestos a comprometerlos en una empresa ajena al interés público.
¿En qué cabeza cabe que ante la imperiosa necesidad que hay de inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo económico de todo el departamento - con sus 47 municipios - se pretenda gastar los escasos recursos en pavimentar barrios de Ibagué?
El ultimo “choque de trenes” por este asunto entre los mandatarios de las dos entidades territoriales fue en 2017, cuando Oscar Barreto, por entonces gobernador, intentó por todos los medios impulsar la aspiración electoral de su secretario de infraestructura, Andrés Hurtado. La confrontación diaria con Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué para ese periodo, fue durísima.
En ese momento, la disputa no giraba en torno a la falta de inversión de la Gobernación, sino porque Jaramillo no lo permitía. La maniobra era obvia: no se trataba de pavimentar vías, sino de allanar el camino de una candidatura a la Alcaldía, esquema que el barretismo replicaría cuatro años después en la campaña de Jorge Bolívar.
Sobre el criterio antitécnico que ha regido la asignación presupuestal en la Gobernación, en el Centro de Estudios Regionales publicamos una Nota Regional que se analizó la distribución inequitativa de los recursos entre los municipios del departamento. El documento completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://acortar.link/efaQ7G
La lógica que aplica el barretismo - y que Hurtado, su beneficiario, promete profundizar sin el menor atisbo de vergüenza - es la de Robin Hood a la inversa: dejar de darle a los pobres para darle a los que más tienen, No por una maldad manifiesta, sino por una ecuación simple: más plata donde hay más votos. Y si el epicentro de la disputa política es la Alcaldía de Ibagué, que a su vez define el destino de la Gobernación, pues… blanco es, gallina lo pone y frito se come.
Entre noviembre y diciembre del año pasado, tanto el Concejo municipal como la Asamblea departamental, aprobaron los presupuestos de las dos entidades para 2025. Las diferencias son abismales:
Mientras el recaudo en Ibagué se proyecta en $800 mil millones, el departamento apenas supera los $500 mil millones. Lo mismo ocurre con los gastos de inversión: mientras que la alcaldía se acerca al billón de pesos, la Gobernación, de deuda en deuda, solo dispone de poco más de la mitad.
En términos sencillos: con el doble de plata, cualquier alcalde debe responder por las necesidades de Ibagué, mientras que con recursos escasos, en la gobernación se las tienen que ver con los problemas de 46 municipios, 90% de los cuales se encuentran en categoría sexta.
Pónganse serios.
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