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Otras perlas del contrato de interventoría del estadio Manuel Murillo Toro

Editorial EL OLFATO

La Alcaldía de Ibagué adjudicó esta semana el contrato de interventoría para las obras de adecuación del estadio Manuel Murillo Toro, por $214 millones, y los ganadores fueron dos ingenieros que han prestado sus servicios en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, entidad en la que laboraron el alcalde Andrés Hurtado, su secretario de Infraestructura, Juan Carlos Núñez, y su jefe de Contratación, Magda Herrera.

La Administración Municipal publicó un escueto comunicado de prensa que fue replicado por la mayoría de medios locales, pero no todo lo ocurrido dentro de este proceso contractual fue puesto en conocimiento del público.

EL OLFATO, en su edición digital, contó el jueves que el consorcio Estadio Murillo 20 lo integran dos personas: Diego Fernando Bohórquez Téllez y Luis Francisco España Ramírez, cada uno con el 50 %, de manera directa y a través de sus empresas.

Uno de ellos, Luis Francisco España Ramírez, fue sancionado el año pasado por la Contraloría Municipal, por un contrato ejecutado en el Ibal, y tuvo que pagar cerca de $28 millones para que se le cerrara el proceso fiscal.

Pero esto no es todo. La Alcaldía de Ibagué no dijo -por ejemplo- que en este proceso contractual hubo un único oferente, pese a la cantidad de ingenieros experimentados que hay en la ciudad.

“Uno no participa porque eso viene muy amarrado. Entonces para qué perder tiempo”, dijo un reconocido ingeniero consultado por esta redacción, y quien ejecuta obras públicas en otros departamentos del país, precisamente, debido a las condiciones que se imponen en las entidades oficiales locales.

Y hay más. Tres abogados expertos en contratación pública -que no se conocen entre sí- sostienen que la Alcaldía de Ibagué habría ocultado información determinante en el proceso, lo cual traería consecuencias disciplinarias para los funcionarios responsables del proceso.

“La oferta del consorcio aparece publicada en el Secop II, pero no se pueden ver los archivos que contienen las hojas de vida aportadas como requisito habilitante y del personal que debe ser evaluado”, dijo una de las fuentes consultadas.

Ese punto es importante porque dentro de los documentos que sí publicaron se evidencian falencias en algunas hojas de vida del equipo de trabajo del consorcio.

“Se debe subsanar la segunda certificación presentada por consorcio consultoría Estadio Armero, con el fin de aclarar lo siguiente: “La suscrita Martha Liliana Gutiérrez Trujillo, en calidad de representante legal del consorcio consultoría Estadio Armero, certifica que la (sic) profesional en salud ocupacional Félix Alfonso Galeano Lozano, identificado con C.C. 14.215.823 de Ibagué, laboró como inspector topográfico con una dedicación parcial, en el contrato que tiene los siguientes datos generales”, dice uno de los documentos publicados en el Secop II.

Después, anexan otro oficio, en el que -sin mayor explicación- aparece: “Subsana correctamente”.

“Aquí se viola el principio de publicidad. Eso tiene implicaciones disciplinarias, pero también impide que se pueda ejercer el control social. La oferta debe publicarse de manera completa, no es publicar apartes, y en la evaluación tampoco relacionan los profesionales para decir: cumple o no cumple, y con qué documento soportaron su experiencia”, explicó otro de los abogados.

Igual pasó con los índices financieros, “que son perversos” y, gracias a ello, habrían cerrado la posibilidad de que se presentaran más oferentes, como ocurrió con los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.

“El índice de liquidez es exagerado, y eso lo observaron los interesados, pero ellos no lo quisieron modificar nada. El interés, al parecer, era no tener pluralidad de oferentes”, coincidieron los tres expertos.

Para finalizar, este medio encontró que los dos integrantes de este consorcio han trabajado juntos en otros proyectos.

En 2011, el Ibal le adjudicó un contrato por $272.085.662 al ingeniero Diego Fernando Bohórquez Téllez para la construcción de un colector en la avenida Ferrocarril y el encargado de vigilar la ejecución de la obra, como interventor, fue su ahora socio Luis Francisco España Ramírez. ¿Entonces eso fue un yo con yo?

EL OLFATO envió un cuestionario al alcalde Andrés Hurtado, a su secretario de Infraestructura, Juan Carlos Núñez y a la jefe de Contratación, Magda Herrera, pero ninguno contestó.

Las preguntas fueron las siguientes: ¿La jefe de Contratación, Magda Herrera, y el secretario Juan Carlos Núñez tuvieron alguna relación laboral o contractual con los dos integrantes del consorcio ganador? ¿El alcalde Andrés Hurtado ha tenido relación laboral o contractual con los ingenieros ganadores en el proceso? ¿Por qué no se puede acceder a la oferta del ganador ni el archivo de las hojas de vida propuestas?

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