Catastro en Ibagué: ¿actualización necesaria?

Las recientes noticias que tratan sobre la actualización del catastro en nuestra ciudad luego de casi una década sin actualizar, es un asunto que causa conmoción especialmente cuando de asuntos económicos se trata, es decir, afectación directa al bolsillo del ciudadano promedio. El hecho de no realizar esta actualización tanto en zona urbana como rural, es sin duda, un reflejo de improvisación y atraso institucional.

Si bien es cierto, el avance en la actualización del catastro brindará herramientas necesarias a la administración para planificar un futuro urbano y rural inteligente, una ciudad en sintonía con las necesidades actuales, el desarrollo tecnológico y social, asignación de subsidios y cobro más organizado del predial, traerá consigo nuevos gastos especialmente para el ciudadano promedio y comerciantes en general.

El reto para la administración municipal es enorme, atendiendo al contexto de desconfianza que se vive en la ciudad debido al mal gasto de recursos económicos especialmente en el Ibal y en la realización de distintas obras que se han intervenido por parte de los entes de control y que responden a un presunto desfalco del recurso público que se traduce en impuestos que todos aportamos a la ciudad, por lo tanto esta actualización que al parecer tiene un propósito positivo, finalmente puede ser percibido como una oportunidad para aumentar impuestos (predial principalmente) y nadie quiere verse afectado en sus finanzas y economía del hogar de forma desproporcional, atendiendo a las condiciones económicas y políticas del país en principio y a la reforma tributaria que se avecina.

A nivel económico, esta actualización traerá beneficios evidentes, como lo son mayor recaudo de impuestos para financiar obras y proyectos estratégicos que probablemente a hoy no se han desarrollado debido al bajo recaudo municipal. Pero también es cierto que, aunque se prometa que no habrá un aumento automático del impuesto predial, muchos hogares de estratos medios y pequeños comerciantes podrían enfrentar incrementos que golpeen su ya ajustada economía.

El pago de los tributos si bien es cierto no son la generalidad cultural del país, debe hacerse necesario para avanzar en desarrollo e inversión, pero también, hacer frente a la corrupción, y aplicarse con gradualidad y sensibilidad social, máxime cuando desde el gobierno nacional se busca implementar modificaciones tributarias que afectaran el bolsillo de una ciudad con tan bajo índice de empleabilidad.

Desde el ángulo social, la actualización abre la posibilidad de que el municipio tenga información precisa para focalizar subsidios, programas de vivienda y proyectos rurales. La pregunta de fondo es: ¿será este proceso una herramienta de equidad y planificación, o una carga silenciosa para quienes menos pueden?

La respuesta dependerá de cómo se maneje políticamente, de la transparencia con la que se presenten los resultados y, sobre todo, de si se cumple la promesa de que los más vulnerables no serán los más afectados.

Ibagué necesita esta actualización catastral, pero necesita aún más que se convierta en un instrumento de justicia y desarrollo, no en otro episodio de descontento ciudadano. En tiempos donde la confianza en las instituciones se mide con lupa, la administración local tiene en sus manos no solo un contrato, sino la oportunidad de demostrar que la modernización puede ser también sinónimo de equidad y desarrollo.